En esta provincia de Río Negro, los hospitales trabajan en situación de vulnerabilidad de servicio por la escasez de tecnología e insumos y por el relativamente bajo nivel salarial de médicos y profesionales, que desalienta la formación de equipos de calidad y lleva a los más destacados a desempeñarse en el sector privado o en establecimientos públicos de Estados vecinos.

Aquí, los estudiantes de escuelas públicas no tendrán 180 días de clases sino poco más de la mitad, en gran medida porque los docentes hicieron una huelga de 46 días en reclamo de ganar un sueldo mínimo de 1.900 pesos.

El personal profesional de Promoción Familiar no puede cumplir en forma adecuada con la obligación ineludible del Estado de asistir a niños y niñas desamparados o en situación de riesgo y en casos de violencia familiar. Todavía gran parte de ese personal está vinculado a través de formas laborales del tipo "contratos basura", sin estabilidad ni aportes jubilatorios. Además, su número no alcanza para cumplir con los requerimientos, lo que ha derivado en atrasos castigados judicialmente.

La Policía rionegrina no tiene recursos para realizar investigaciones eficaces que permitan identificar y condenar a los responsables de delitos graves, lo que genera gran cantidad de absoluciones por el beneficio de la duda o por desconocimiento de sus autores. Una evidencia elocuente de ello es que una víctima de un delito sexual violento, de Bariloche, tuvo que pagar de su bolsillo para que se hiciera un identikit de su agresor. Es que la Justicia y la Policía no tienen peritos para ese servicio y debió recurrirse a otra jurisdicción.

Pero en esta misma provincia los jueces y funcionarios del Poder Judicial cobran ingresos hasta cinco veces superiores a los de médicos, ingenieros y otros profesionales del Estado, no pagan impuesto a las Ganancias, cobran antigüedad por períodos ajenos a su relación laboral con la Provincia. Y, ahora, se jubilarán con el 82% móvil de sus remuneraciones, lo que representa entre 14.000 y 25.000 pesos de haber jubilatorio mensual.

La desproporción entre las situaciones descriptas es indignante. Y el empeño que los integrantes del Poder Judicial y del poder político ponen en garantizar esa inequidad resulta obsceno para los principios republicanos.

Sobre todo, porque no ha sido política frecuente del Poder Judicial rionegrino el cuidar del despojo las finanzas de esa misma administración provincial a la que reclaman tamaña remuneración.

El argumento de que los jueces deben cobrar sueldos muy elevados para garantizar que sus sentencias sean independientes del poder político o económico no resiste el menor análisis.

En principio, porque toda función pública supone cierta vocación de servicio, reñida con una desmedida ambición aunque no con un sano deseo de bienestar que aleje la incertidumbre sobre el futuro personal y familiar.

Un desequilibrio evidente entre el ingreso judicial y el del resto de los funcionarios públicos o privados resulta indeseable, pues aleja a los jueces de la comprensión de la realidad en la que viven los justiciables, cuyos asuntos deben resolver en sus fallos, quitándoles la relación de lo que cuestan bienes en litigio, el pago de honorarios y multas o los objetos robados para las víctimas.

Hay evidencias de que la independencia en los fallos tiene más que ver con la formación moral y profesional de cada magistrado que con el nivel de sus remuneraciones. Sólo así se explica que algunos jueces cumplan muy bien su tarea y otros holgazaneen o se corrompan, aun con ingresos similares.

En otro aspecto, es obvio que una desmedida exigencia económica no hace quedar nada bien a los jueces. Más bien los presenta como personas sólo dispuestas a cumplir con su deber contra el pago de sumas considerables.

Desvirtúa también el concepto de la intangibilidad de remuneraciones que les es garantizada. Lo que busca la Constitución es preservar a jueces y fiscales de presiones que amenacen sus ingresos con el fin de llenarlos de inquietud. No debe entenderse como un virtual peculado moral que abuse de la cercanía con el poder administrador para constituirse en una casta con un nivel de vida sin ninguna relación con los ingresos de cualquier otro sector del Estado al que pertenecen.

Pero más cabe dudar de la intención del gobierno de Miguel Saiz y de los legisladores oficialistas en la ratificación del convenio jubilatorio, considerando que éstos nunca han demostrado el menor interés por garantizar una Justicia eficaz.

Por el contrario.

Este mismo gobierno ha buscado condicionar cada designación de funcionarios judiciales y mantuvo durante años al legislador Daniel Sartor como integrante del Consejo de la Magistratura. Es el mismo diputado que está siendo investigado penalmente para que explique cómo amasó una fortuna si habría tenido como único ingreso comprobable su sueldo de funcionario político o legislador.

Mucho más haría en favor de la independencia del Poder Judicial rionegrino que el Consejo de la Magistratura se mostrara rápido y estricto en su tarea. El viernes, contrariamente, la mayoría oficialista evitó enjuiciar al juez Pedro Funes por inconductas en la causa Flavors, por argumentar que sus errores habían sido ya remediados por la Cámara del Crimen.

Lo curioso es que tanto el STJ como los legisladores oficialistas eluden llamar las cosas por su nombre y presentan la ratificación del convenio previsional como un modo de "oxigenar" al Poder Judicial. Lo que significa es, ni más ni menos, empujar a la jubilación a los jueces con más experiencia y formación.

En cambio, nada hicieron para corregir la exigencia de dos años de residencia en la provincia para todo aspirante al Poder Judicial, cláusula que sigue influyendo en la escasez y la discreta calidad de postulantes a la magistratura.

Tampoco han puesto remedio al engorroso mecanismo de selección de aspirantes, que recién logró las primeras designaciones a un año de implementado.

Con la aprobación del 82% móvil para funcionarios judiciales, el oficialismo asumió finalmente el costo político que no quiso afrontar hace un año cuando el gobernador Saiz remitió el convenio a la Legislatura.

Y los mismos legisladores que antes objetaban que el beneficio debía ser para todos los trabajadores o para nadie justificaron ahora esa opción futura. Saben que esa alternativa es inviable pero ocultan la verdad.

También se busca disimular el "precio" entregado al gremio judicial a cambio de su manso aval: el STJ consintió en conformar una comisión para redactar un convenio colectivo de Trabajo. Y algo más "cash": Sitrajur volverá a recibir el 2 por mil de todo lo que ingrese por tasa de Justicia, que el mismo oficialismo le había retirado en 1998. Esto significaría anualmente entre 800.000 y 900.000 pesos por año, que saldrán del bolsillo de los usuarios del servicio de justicia hacia las arcas gremiales.

La independencia judicial ni se habrá enterado de estas cosas.