ROCA (AR).- Desde el 26 de octubre y a lo largo de cuatro jornadas se realizará el juicio oral y público contra el médico ginecólogo de Roca Alberto Paita, imputado desde el año 2001 en una causa con múltiples acusaciones, todas derivadas de la presunta práctica ilegal de varios abortos en el hospital Francisco López Lima, donde trabajaba por entonces. Más de 30 testigos estarán citados a las audiencias, que se desarrollarán ante la Cámara Criminal Primera de esta ciudad. Los alegatos están previstos para el 2 de noviembre.

Las figuras penales por las que está procesado el médico -quien en total pasó casi ocho años prófugo de la justicia desde que se radicó la denuncia en su contra- son "aborto realizado con el consentimiento de la mujer; defraudación en perjuicio de la administración pública; peculado por aprovechamiento de trabajos y servicios pagados por una administración pública y falsedad ideológica de documento público, calificada por la condición de funcionario público". Y aunque el primero de la lista de delitos estaría prescripto (la práctica de los abortos), la acción penal para juzgar los demás hechos, vinculados en un concurso de presuntos delitos, estaría plenamente vigente, ya que uno de esos supuestos ilícitos (el peculado) tiene pena de hasta 10 años de prisión de acuerdo con lo que establece el artículo 261 del Código Penal.

Paita fue denunciado en el 2001 por el entonces director del hospital roquense, Mario Rivoire, luego de conocerse una cámara oculta en la que el médico acordaba detalles con una pareja supuestamente interesada en "contratarlo" para un aborto. Cuando la justicia lo requirió para indagarlo el médico había virtualmente desaparecido de la ciudad y pese a la orden de captura que pesaba en su contra recién en enero de 2005 fue capturado. Lo identificó la policía entre el grupo de espectadores de una carrera de mountain bike en Cervantes y quedó detenido, pero sólo por algunas horas porque el juez a cargo de la feria judicial esa última semana de enero, Pablo Iribarren, lo notificó de la causa y lo dejó en libertad, ordenándole que se presente en tribunales el primer día hábil de febrero, cuando terminara el receso judicial. Desde ese día, Paita volvió a desaparecer y pasó otros tres años y medio prófugo, hasta que una investigación periodística lo encontró trabajando normalmente en el barrio porteño de Flores.

Por esa polémica liberación el juez Iribarren fue juzgado ante el Consejo de la Magistratura de Río Negro y recibió una sanción de 60 días de suspensión por el cargo de mal desempeño.

La última detención del médico se produjo a principios de julio de 2008 y desde entonces Paita está alojado en la ex Alcaidía de Roca, a la espera del juicio oral.

Su abogado defensor, Eves Tejeda, presentó una innumerable serie de recursos para evitar el avance del proceso: apeló el procesamiento y la prisión preventiva, intentó sin éxito recusar al juez de la causa, Emilio Stadler, y buscó que los tribunales de alzada declaren nulo el proceso alegando que la construcción de las imputaciones se había hecho sobre las bases de una "prueba ilegal", como calificó a la cámara oculta en su momento.