VIEDMA, CARMEN DE PATAGONES (AV).- Han pasado cinco años de aquella mañana sacudida por los tiros, los gritos, el espanto, las sirenas y el horror: tres adolescentes muertos, cinco heridos y un autor que continúa internado en un centro de rehabilitación. Todos de un mismo curso, una misma escuela y una misma comunidad.

Han pasado cinco años y parece que fue hace más tiempo... o nunca si se mira alrededor. Excluyendo a las familias que perdieron a sus hijos y a los que sobrevivieron, el resto parece no acusar recibo. Tal vez sea una forma de elaborar el duelo como ocurre con cada persona ante una pérdida irreparable pero no se puede negar que esta tragedia sucedió y que no sólo afectó a las víctimas y sus seres queridos sino a toda la Comarca Viedma Patagones. Una comunidad como cualquier otra en la que los adolescentes buscan permanentemente referentes, modelos y los adultos son los responsables de responder.

Y aquí parece radicar el problema si lo miramos en perspectiva: en la mayoría de los sobrevivientes que ya llegaron a los 20 aún perdura el terror a la oscuridad, a estar solos. No todos los 20 y tantos testigos de esa tragedia terminaron el secundario y sobran los dedos de una mano para los que hoy cursan una carrera universitaria. Las familias que pudieron, buscaron el apoyo psicológico por su lado.

Finalizado el camino penal de la Justicia ante la inimputabilidad del autor por su edad se inició el del reclamo civil, aún sin respuesta . En estos cinco años ni siquiera se ha logrado que todos los expedientes se unifiquen en el juzgado de Bahía Blanca donde se inició el reclamo en abril de 2005 por daños físicos, morales, y psicológicos. Un expediente en Capital Federal espera la resolución de una apelación hace más de un año y medio para pasar a la justicia bahiense y continuar el trámite de llegar a un juicio civil.

Recientemente familiares y abogados que los representan rechazaron una entrevista con el gobierno bonaerense que habían reclamado con la presencia del gobernador o el ministro de Educación. Fue otorgada pero cuando se informó que serían atendidos por un secretario, la rechazaron.

La aseguradora que al momento de la tragedia estaba contratada por el Estado fundamentó que ese contrato no incluía hechos en las escuelas donde hubiera uso de armas de fuego. Pero la más dolorosa fue la respuesta al reclamo de la Fiscalía de Estado bonaerense que también argumentó no tener responsabilidad en lo sucedido pero en el escrito habría "lamentado la muerte de dos jóvenes". El organismo se olvidó de un asesinado, cinco heridos y 20 con recuerdos patéticos imborrables.

El episodio de la escuela Islas Malvinas, es preocupante, no para determinar solo la "patología" de quien irrumpió a los tiros contra sus compañeros, sino también por la incidencia traumática en los demás estudiantes y establecimientos educativos del país. Hay un deber ético de la comunidad de prestar atención a los jóvenes, de permitir una mayor incidencia de los "psy" en los ámbitos educativos, no para "detectar al enemigo", sino para poder orientar, escuchar a alguien que escribe: "lo más sensato que podemos hacer los seres humanos es suicidarnos", y no sólo en situaciones de extrema gravedad sino en jóvenes o niños cuyo sufrimiento no es ruidoso, no llega a los medios, donde no hay espectáculo mediático.