Las declaraciones a favor de la despenalización del aborto de Carmen Argibay, jueza de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, y la promesa de legisladoras de retomar el estado parlamentario de proyectos afines, después del 10 de diciembre, fueron los dos momentos destacados del seminario internacional "El aborto: sus diferentes realidades", organizado por Católicas por el Derecho a decidir. Según una encuesta reciente, el 85% de mujeres argentinas estarían a favor de la despenalización del aborto en este país; en Brasil la cifra es del 80%. En este sentido, la sorpresa que causó en la opinión pública, la cantidad de consultas telefónicas realizadas en nuestro país por mujeres que quieren abortar, instala el tema en la agenda pública de modo contundente.
Una mujer cada 30 minutos pide información sobre aborto a una línea telefónica (011-15 6664 7070) creada por una ONG de mujeres que asesoran en la utilización de un medicamento para abortar sin riesgos.
Según datos de este organismo internacional, uno de cada diez nacimientos lo protagoniza una madre preadolescente. Se estima que el 40% de los embarazos en Latinoamérica no son planificados y son consecuencia de no usar métodos anticonceptivos, de usar métodos inadecuados o de fallas al utilizarlo. Anualmente 46 millones de los embarazos de madres adolescentes culminan en un aborto inducido, mientras que casi 20 millones de estos se realizan de forma insegura.
Según las cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, cada año 107.109 menores dan a luz y un 15% de las muertes de mujeres de entre 15 y 19 años es producto de un aborto. Estas cifras se completan con otras tan dramáticas como las anteriores: la mayor cantidad de camas ocupadas por mujeres en hospitales públicos argentinos, corresponden a mujeres que realizaron abortos de modo clandestino y presentaron complicaciones. Se estima que son 500.000 los abortos por año en nuestro país.
Estimaciones escuálidas si advertimos que desconocemos las cifras negras. En cambio, sí se sabe que 95% de los abortos inseguros, que se realizan en condiciones clandestinas y riesgosas para la salud, se realizan en países subdesarrollados.
El 16 de septiembre Católicas por el Derecho a Decidir organizó un seminario internacional "El aborto: sus diferentes realidades", que constituyó una puesta a punto del debate. Un encuentro al que se dan cita cientos de mujeres que hace años plantean la urgente necesidad de despenalizar el aborto, sobre todo para que muchas mujeres, especialmente las de escasos recursos, no mueran por abortos hechos en la clandestinidad.
La jueza Carmen Argibay, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abrió el encuentro y destacó la importancia de enmarcar el derecho al aborto dentro del acceso completo a los derechos sexuales y reproductivos: educación sexual, anticoncepción y derecho a decidir en caso de un embarazo no deseado son partes de un todo al que las mujeres deberíamos tener acceso integralmente .
"Dado que fracasamos en impartir educación sexual, que es obligatoria o debería serlo, por lo menos en las escuelas para que la gente tenga información, y también fracasamos con la provisión de anticonceptivos para que la gente no quede embarazada si no quiere, muchas veces a las mujeres la única salida que les queda es el aborto", estimó.
Para Argibay, lo que está faltando en la Argentina es una profunda "discusión" sobre el tema y propuso que las legisladoras vuelvan a intentar el debate en ámbito parlamentario e instó a cambiar el eje del planteo, nunca agotado por la encerrona maniquea en la que se da. En tal sentido, argumentó que si no hay una clara conciencia social del problema y un cambio de actitud, "a una criatura de 12 años violada, a veces por parientes o alguien de la casa, la obligamos a ser madre, a cargar con una criatura que ella no sabe ni siquiera qué tiene que hacer, ni entiende, y le condicionamos el resto de su vida".
"La dignidad de las mujeres pasa también por la igualdad de oportunidades que se nos niega (al obligarnos a continuar con un embarazo que no se quiere)", comentó. Argibay afirmó no tener dudas de que "hay que cambiar el artículo que admite el aborto para casos de violación de una mujer idiota o demente, (para que abarque) a cualquier violación". Finalmente destacó: "Un embarazo no deseado puede ser tan trágico en un momento, en una familia, como uno forzado".
Despenalizar el aborto, concluyó Argibay, tiene que ver con respetar los derechos de las mujeres, su libertad y dignidad. En este sentido, la jueza cargó contra la Iglesia Católica que se empeña en obstaculizar el acceso a la práctica del aborto, aun cuando la ley lo contempla. La magistrada insistió en pedir al Congreso que discuta proyectos relacionados con esta problemática porque éste "es un problema de mujeres jóvenes, pobres e ignorantes" que no acceden a la educación ni a los métodos anticonceptivos.
"Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir". Hace años que se puso en marcha la campaña a favor de la despenalización del aborto en Argentina. Esta campaña, prioritaria en la agenda del Movimiento de Mujeres, tomó estado parlamentario en distintos proyectos vinculados al tema. El interrogante planteado en el seminario de Católicas fue el destino que este debate tendrá luego del diciembre, cuando el Congreso se renueve.
Silvia Augsburguer, diputada nacional por el Partido Socialista, quien se retira en dos meses, comprometió el apoyo de su compañero Miguel Ramos para acompañar el proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto que prevé la interrupción legal del embarazo y que necesita recuperar estado parlamentario el año próximo.
El proyecto prevé que toda mujer pueda solicitar un aborto, sin tener que dar explicaciones, hasta la semana número 12 de gestación y que el aborto terapéutico se extienda hasta las 20 semanas sin tener que atravesar los laberintos judiciales.
A la vez, María Luis Storani, diputada electa por el Acuerdo Cívico y Social, aseguró que lo rubricará y se comprometió a sumar a la causa a otras diputadas del radicalismo. Storani explicó que para que el proyecto se pueda discutir, es necesario que el presidente de una comisión lo tome y lo eleve a debate. Lamentablemente no asistió al encuentro ninguna legisladora del oficialismo, que permita intuir cómo será el ajedrez en el Congreso que surgirá a partir del 10 de diciem- bre.
Pero el debate está abierto y, tarde o temprano, deberá darse entre los representantes de la sociedad en el Poder Legislativo.
