SAN CARLOS DE ABRILOCHE (AB).- El Instituto Municipal de Tierras y Viviendas y la secretaría de Promoción Social iniciaron el entrecruzamiento de datos para completar la evaluación social de los inscriptos en el registro municipal de demanda habitacional.
El presidente del IMTVHS, Oscar Zamora, anticipó que "en 10 días" quedará concluido el trabajo y estimó que "el registro podría nutrirse de nueva demanda" a partir del aporte realizado por los Centros de Articulación Territorial, CAAT.
El funcionario confirmó que hasta el momento no se revisó la documentación aportada por los inscriptos ni se hizo un revelamiento de sus condiciones socioeconómicas para constatar el cumplimiento de los requisitos que limitan el acceso a una vivienda o lote sociales.
Zamora reconoció que tampoco se evaluó a los integrantes de las cooperativas que ya recibieron parte de las tierras adquiridas por el municipio para paliar la emergencia habitacional.
La mayoría de estas cooperativas, mutuales o consorcios que firmaron suscribieron compromisos con el municipio completaron los legajos de sus integrantes pero sólo unas pocas cuentan con un trabajo social previó que acredite la condición de necesidad en forma fehaciente.
Zamora defendió la prioridad otorgada a las organizaciones dentro de la política habitacional del municipio y rechazó las críticas de la concejal Arabela Carreras que cuestionó los compromisos asumidos con las organizaciones porque "no están sustentados por la legalidad ni la documentación necesaria".
La edil se hizo eco del reclamo sostenido durante meses por la Mesa de Tierras al destacar que "no está claro el sistema de priorización, no hay un criterio para jerarquizar a particulares y cooperativas".
Tiempo atrás el IMTVHS informó que existen más de 360 familias inscriptas en forma individual en el registro que solicitan tierra en donde levantar sus propias viviendas que podrían ser ubicadas dentro de las 35 hectáreas compradas a González Lera.
Ayer Zamora señaló que "hay otras fracciones del dominio municipal donde se desarrollarán planes de viviendas" aunque de menor cuantía que se sumarán a las 300 viviendas colectivas previstas dentro de las 35 hectáreas para dar solución a la demanda individual.
Pagos a la CEB
Por otra parte, tras enterarse de que la CEB le factura al municipio el consumo eléctrico de la toma Nahuel Hue varios concejales confesaron su sorpresa y no tardó de partir del Deliberante el primer pedido de informes sobre la singular exigencia. Alfredo Martín y Silvia Paz, del Frente Grande, firmaron el escrito en el que exigen que el Ejecutivo aclare en primer término si es cierto lo aseverado por un consejero de la CEB y a partir de allí el costo de la demanda y la conducta que seguirá el gobierno municipal.
En la reunión de Comisión Legislativa del miércoles el directivo de la CEB Roberto Sosa Lukman reveló que la mayoría de las 1.400 familias asentadas en la toma Nahuel Hue (la más grande de la ciudad) siguen sin conectar-se a la red eléctrica y la empresa tomó la decisión de facturarle esa energía al Instituto Municipal de la Tierra y la Vivienda.
