SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El presidente del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, Oscar Zamora, planteó que la expropiación será considerada "sólo como último recurso" dentro del plan de regularización de Nahuel Hue que contemplará un "sistema mixto" para favorecer el acceso de los ocupantes a la propiedad de la tierra y consolidar el barrio.

El funcionario señaló a "Río Negro" que algunos sectores están presionando para que el estado expropie todo el fraccionamiento, que abarca 2.200 lotes, sin medir los costos de la iniciativa, con el argumento de acelerar el traspaso de esas tierras a sus actuales ocupantes.

Las tomas Nahuel Hue y Malvinas son los asentamientos más precarios y numerosos de la ciudad, donde viven 3.660 personas y sobre los que operan en forma paralela organizaciones sociales e intereses inmobiliarios.

A tal punto que el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social habilitó una dependencia especial en el CAAT 8 -donde atiende de martes a viernes, de 9 a 12- y solicitó a los residentes del barrio que canalicen "cualquier duda sobre sus lotes" en esas oficinas.

El comunicado oficial, difundido el viernes, hizo una enfática advertencia sobre "las reiteradas visitas de personas ajenas a la municipalidad" y recomendó a los ocupantes "no entregar ninguna documentación y acercarse al CAAT 8".

Tanto el Ejecutivo como algunos concejales coincidieron en la decisión de definir un sistema mixto de regularización dominial, similar al aplicado en Villa Llanquihue, que contemple acuerdos entre los ocupantes y los propietarios de la tierra, la aplicación de la ley Pierri y la expropiación "como última medida" de intervención.

En esa línea de trabajo el Imyvhs realizó una reunión con los dueños del loteo -entre ellos el inversor Alejandro Milhas- y los ocupantes donde se barajaron las posibles cotizaciones de la tierra sin alcanzar a definir un valor social que conformara a las partes.

Algunos representantes de la toma denunciaron ante el Consejo Social de Tierras que los propietarios buscan hacer negocio sobre las mejoras -apertura de calles, limpieza y demarcación de lotes- realizadas por los ocupantes que viven en el lugar.

Por otra parte, Zamora restó trascendencia a la denuncia y aseguró que el objetivo del Instituto es conseguir una negociación justa para las partes y que "los propietarios tiene que asumir los compromisos ahora y no en función de las obras comprometidas por la Nación".

El municipio ya cuenta con el visto bueno de la Nación para financiar las obras de infraestructura y saneamiento sobre los 2042 lotes, a través del Programa de Mejoramiento Barrial-Promeba, y quiere evitar especulaciones a partir de esas mejoras.

De acuerdo al censo dirigido por el sociólogo César Carrá solo el 51% de los lotes cuenta con casillas habitadas, un 10% cuenta con viviendas en construcción, casi un 30% de los terrenos está vacío y sin cerco y un 5% está deshabitado pero cercado.

Cabe recordar que de las familias asentadas en el lugar sólo un 3,5% tiene título de propiedad, un 12% tiene boleto de compra venta y un 7% cuenta con acta de preadjudicación.

La precariedad del asentamiento queda definida por el alto porcentaje de casillas precarias construidas, que alcanza al 71,8 por ciento de las familias, y los gráficos de acceso a servicios que señalan casi un 30% de ocupantes sin agua ni luz. Zamora reconoció alguna divergencia entre la información difundida por el intendente ante el Deliberante y el Consejo Social de Tierras y el contenido del censo realizado por el propio municipio que obligará a revisar el trabajo.