VIEDMA (AV).- La decisión del Consejo de la Magistratura de no impulsar sumarios contra el juez Pedro Funes por su actuación en la causa de los PER y el caso Flavors generó fuertes objeciones. La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, denunciante en el segundo expediente, dijo que "detrás de todo esto hay arreglos, pactos, ejercicio abusivo del poder, una especie de actuación conjunta de la gran corporación, del gobierno conjuntamente -o hacia- el Poder Judicial".
Agregó que "estoy convencida de que hay aprietes a algunos funcionarios judiciales, no tengo sospechas sino que diría que tengo certezas. Hay aprietes realizados con delicadeza y elegancia. Cada funcionario del Poder Ejecutivo que entra en el Palacio de la Justicia está registrado a la hora que entró, que salió y con quién se entrevistó. Yo hilvano todo con estos acontecimientos tan desgraciados para la ciudadanía rionegrina que abonan el descreimiento".
Luego sugirió, sin dar nombres, que "detrás de todo esto hay un gran hacedor, un inteligente operador que estoy estudiando y analizando y voy a hacer las denuncias pertinentes". En cuanto a los consejeros del Colegio de Abogados que acompañaron al oficialismo en la votación dijo que "me gustaría saber si tienen o tuvieron relación con el Estado Provincial, porque deben recordar que tienen las mismas incompatibilidades que los jueces".
Por otro lado, aclaró que su denuncia a Funes fue porque "violó el secreto del sumario, porque notificó y puso en conocimiento a una de las partes que podían estar involucradas en el futuro. Si era o no una figura jurídica, es una cuestión menor".
Por su parte, el legislador Martín Soria, afirmó que "lo de la Magistratura, el 82% móvil y la reforma integral de la ley orgánica del Poder Judicial está todo unido y entrelazado; es el poder político que empieza a entretejer lazos, salvoconductos, antes de irse en el 2011". Agregó que "quieren jubilar a varios magistrados al solo objeto de que antes de irse en el 2011 puedan designar a 40 jueces amigos que les garanticen impunidad".
A su turno, el legislador oficialista, Adrián Torres, dijo que "hay que separar las cosas cuestión por cuestión" porque "hace no menos de un año que estamos analizando estos expedientes. Mezclar todo me parece tener una intencionalidad de poner en sospecha la actuación de cada una de las instituciones".
Manifestó que "tanto el sumariante como los consejeros que votamos entendimos que el juez había cometido un error, pero hay que ver en qué contexto se cometió ese error y además, que no vició ni obligó a la nulidad. Fue subsanado por la Cámara. Fue solucionado y merece una sanción, pero no el juicio político".
