La alteración de las reglas de juego en materia de medios audiovisuales se ha transformado, en la mitad del segundo mandato kirchnerista, en una dura disputa política que pone a prueba la capacidad de convivencia democrática y de búsqueda de consensos entre fuerzas antagónicas, tanto dentro como fuera del peronismo.

El gobierno esgrime, en esta instancia de preponderancia legislativa K, el propósito de desmonopolizar un sistema que se remonta al régimen militar de Jorge Videla y que roza, principalmente, los intereses de dos grupos dominantes, uno de los cuales acapara el 65% del mercado.

La oposición denuncia que se verán afectados, en este trámite de marcha forzada, la libertad de expresión y los derechos adquiridos por sectores privados.

Y así como la resolución 125 sobre retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias se convirtió en el nudo central del conflicto con el campo, del 2008, el artículo 161 del proyecto de ley (que fija el plazo de un año para que las empresas que no se adapten a las regulaciones se desprendan de sus activos) podría transformarse en el emblema del último tramo de la ríspida discusión en el Senado.

Previamente, y para "no dar excusas", la presidenta Cristina Fernández eliminó a las telefónicas de la competencia y cedió en la composición de la autoridad federal de aplicación.

La dispensa presidencial no terminó de conformar a radicales, justicialistas disidentes y seguidores de Elisa Carrió (todavía muda) y Mauricio Macri, pero captó la adhesión significativa de los socialistas de Hermes Binner y de un conglomerado de legisladores de centroizquierda.

Así, la balanza se inclinó hacia el Ejecutivo en Diputados, ante la impericia de quienes resistían la iniciativa oficial (Oscar Aguad y Patricia Bullrich, entre otros), que se retiraron del recinto en una suerte de abstención revolucionaria y no aprovecharon las debilidades del oficialismo, que quedaron en evidencia cuando se votó en particular, en especial al abordarse el cuestionado artículo 161.

Quitado del medio el vicepresidente Julio Cobos, a cargo de la Presidencia por el viaje de Cristina a Estados Unidos, José Pampuro convino un debate amplio y civilizado con Ernesto Sanz, de la UCR. Ya en la primera jornada hubo interesantes conclusiones durante la interpelación al interventor en el Comfer, Gabriel Mariotto.

Para garantizar los dictámenes en mayoría en las cuatro comisiones participantes en plenario, el oficialismo reemplazó con leales probados a dos senadores que atraviesan por enfermedades graves: el cordobés Roberto Urquía (quien se había dado vuelta en la pelea con el campo) y la misionera Élida Vigo.

En tratamiento por un glaucoma, Urquía desertará de la sesión clave. La baja será compensada, porque también se ausen- tará por padecer una dolencia igualmente seria el radical chubutense Norberto Massoni.

El jefe de la bancada del Fren- te para la Victoria, Miguel Pichetto, sabe que no la tiene fácil. Guillermo Jenefes, el jujeño titular de la Comisión de Comunicación, anticipó que no permitirá que se vulnere la seguridad jurídica. Otros senadores de la bancada manifestaron que quieren que la propuesta de la Rosada sea más flexible, aunque en contrapartida el socialista Rubén Giustiniani adelantó su pronunciamiento a favor, en general.

"La voluntad es no hacer ninguna modificación. Nos hemos fijado etapas de 24 horas para avanzar. Tenemos que habilitar la sesión y ganar", afirmó.

Cuando "Río Negro" le hizo notar los reparos que están poniendo, por caso, dos representantes de la región, María José Bongiorno y Horacio Lores, respondió distinguiendo entre una y otro: "Tenemos el control. Estamos impulsando una ley moderada, que no persigue el desguace de las empresas sino atenuar el proceso de concentración. El objetivo en juntar masa crítica, pero si no lo conseguimos, nos someteremos a la decisión de la mayoría".

Si se llegase a extender de 1 a 3 años el plazo de desinversión para los que poseen las actuales licencias, la norma deberá volver a Diputados para su convalidación definitiva, prolongando el suspenso.

"Hay un 85% de posibilidades de que la ley salga así como está, pero existe un 15% de que se introduzcan cambios o que haya un rechazo", evaluó otro dirigente K que asegura que, esta vez, el kirchnerismo está dispuesto a flexibilizar su posición y negociar con tal de atribuirse el mérito de haber asestado el golpe mortal a la norma videlista.

Señaló que muchos adversarios del gobierno están de acuerdo con limitar la influencia de los grandes conglomerados periodísticos, pero que no lo aceptan en público para provocar el desgaste de Néstor Kirchner y, de paso, sacar tajada de la gran difusión personal que tienen en diarios y canales de cable.

Hoy, ante la ausencia de un liderazgo alternativo claro, Kirchner vuelve a agitar su nombre para el 2011, en el afán de darle gobernabilidad a la gestión de su esposa, evitar la fragmentación peronista, descolocar y dividir a la oposición e instalar la idea de continuidad del modelo.

Es que fuera de los fanáticos K, en el peronismo, hay cuadros que siguen reconociendo la conducción de quien maneja "la caja". En ese lote se encuentran entre otros el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, el vicegobernador de Buenos Aires, Alberto Balestrini, el titular del PJ bonaerense, José María Díaz Bancalari, y el intendente de José C. Paz, Mario Ishi.

"No importa si es verdad o no que tenga decidido ser candidato. Pero al plantarse -reflexionan aún los que reconocen la debilidad objetiva del gobierno-, demuestra que mantiene el control del poder, lo que parece un milagro después de la paliza del 28 de junio".