Sábado 26 de Septiembre de 2009 Edicion impresa pag. 8 > Regionales
Rechazan la multa a Pega y dicen que hay "conflicto de poderes"

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Fiscalía de Estado rechazó los astreintes impuestos al ministro Alfredo Pega, por la jueza de Familia, Marcela Pájaro, por considerar que en el incumplimiento de la ley de violencia familiar "hay responsabilidades compartidas".

El representante del fiscal de Estado en Bariloche, Roberto Stella, sostuvo que "las astreintes (multas) están mal aplicadas" y que se ataca a Pega por ser el máximo responsable del Ministerio de Familia "cuando lo que existe acá es un conflicto de poderes".

Para el abogado, Pega "es sólo el coordinador de un equipo interdisciplinario", cuando la Justicia no tiene designados aún el cuerpo de profesionales y técnicos creado por la ley 4241 para atender la extensa lista de conflictos intrafamiliares tutelados por la Ley 3040.

La norma, que modificó la ley original judicializando casi todos los conflictos familiares, fue sancionada en 2007 pero aún permanece sin reglamentar y sin la correspondiente asignación de recursos. Stella coincidió con la evaluación de los juzgados de Familia al considerar que es "inaplicable" y no se puede sostener sin mayores recursos.

Pájaro le impuso al ministro multas de 50 pesos diarios en unas 20 causas de violencia familiar que se encuentran frenadas por la falta de diagnóstico y de citaciones a las víctimas que debía realizar la Unidad Ejecutora local, dependiente de esa cartera provincial.

Además libró intimaciones contra Pega y la delegada de Promoción Familiar, Marta Viñas, en otros 20 expedientes donde hay niños y mujeres en riesgo, a los que tampoco se pudo amparar con medidas protectivas por la paralización de la acción judicial que impone la inacción de los equipos técnicos del Ejecutivo provincial.

La Fiscalía pidió la revocatoria de las multas en nombre del ministerio y de las personas sancionadas, intervención que Pájaro rechazó por entender que el incumplimiento de los funcionarios no involucra al Estado. Stella reiteró el pedido de revocatoria con apelación subsidiaria a la Cámara Civil, que tendrá en sus manos la definición de la controversia. El litigio planteado tiene ribetes irónicos ya que, de quedar firme la penalidad, la Fiscalía de Estado será la responsable de ejecutar las multas impuestas (astreintes).

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