TEGUCIGALPA (AP).- El presidente derrocado de Honduras Manuel Zelaya denunció que las autoridades de facto están lanzando gases tóxicos y dirigiendo dispositivos que aturden hacia la Embajada del Brasil, en la que permanece refugiado junto a un centenar de personas.

Ayer, el régimen provisional implantó un toque de queda selectivo hasta las 5 de la mañana de hoy en cinco provincias y todos los municipios fronterizos a Nicaragua, El Salvador y Guatemala. En los últimos cinco días, la emergencia era a nivel nacional.

"Mucha gente aquí y yo, estamos con sangrado nasal, mareos, dolores de cabeza y de oído, malestares estomacales y pérdida del equilibrio", aseguró Zelaya al canal 36 de televisión. "Nos están matando (los policías) y lo hacen adrede".

La esposa de Zelaya, Xiomara Castro, protegida con una mascarilla se trepó en una escalera y les gritó: "Asesinos, asesinos", por arriba del muro perimetral a los policías que mantienen la embajada bajo asedio.

El vocero policial, inspector Daniel Molina, dijo que la denuncia "es mentira. No hacemos nada de eso porque respetamos la vida humana y quien diga lo contrario, sea quien sea, miente".

El martes, Zelaya hizo la misma denuncia. Ese día se observó como uniformados dirigían hacia la embajada un dispositivo con forma de plato que los partidarios de Zelaya dijeron que emitía sonidos aturdidores (ver infograma).

El obispo de Copán, monseñor Luis Alfonso Santos, dijo que intentó ingresar a la sede diplomática. "No me dejan pasar, el argumento militar es la pistola y el fusil", dijo el prelado a los periodistas congregados en las proximidades de la embajada.

El obispo católico se comunicó por teléfono con Zelaya: "José Manuel aquí estoy afuera como todos los del pueblo", manifestó y los periodistas pudieron escuchar cuando Zelaya le dijo que en la embajada hay varios enfermos y sobre hostigamiento policial y del ejército.

Zelaya y un grupo de sus partidarios continuaban encerrados en la embajada brasileña mientras nuevos esfuerzos diplomáticos en busca de resolver la crisis política que inició con el golpe de estado del 28 de junio se frustraban con la decisión del gobierno de facto de no permitir la llegada de una comisión de la Organización de los Estados Americanos (ver recuadro).