VIEDMA (AV).- El juez Pedro Funes no será sometido a juicio político. El Consejo de la Magistratura, con la votación a favor de los legisladores oficialistas y de los representantes del Colegio de Abogados de Viedma, decidió archivar la denuncia contra el titular del Juzgado 4 -en uso de licencia- por su actuación en la causa de los PER y remitir al Superior Tribunal de Justicia el expediente por supuestas demoras e irregularidades en la instrucción de la causa "Flavors".
En la primera parte de la reunión se trató el caso de la investigación de los planes de Empleo, donde Funes fue investigado por llamativas demoras en la implementación de medidas procesales.
La auditoría preliminar, desarrollada por el instructor César Lanfranchi, no confirmó las acusaciones y los legisladores oficialistas Adrián Casadei y Adrián Torres y los abogados Yanina Laval, Fernando Ruiz y Adrián Dvorzak, pidieron su envío inmediato al archivo, con el voto negativo del legislador justicialista, Martín Soria y del camarista, Eduardo Giménez.
Intervino luego la Procuradora, Liliana Piccinini, quien pidió que se remita al archivo el tramo del expediente que involucraba al fiscal Ricardo Falca pero impulsó el inicio de sumario para Funes. Sin embargo, se impuso el pase a archivo.
Al considerarse el expediente referido a la causa "Flavors", Giménez mocionó que se abriera un sumario por haber tomado como parte en un proceso penal a una persona jurídica. Los legisladores Casadei y Torres rechazaron esa posición y propusieron, al igual que los abogados del Colegio, que el STJ intervenga en el marco del artículo 206, que faculta a ese cuerpo a imponer a magistrados y funcionarios sanciones de prevención o apercibimiento.
No obstante, quedó descartado que pueda iniciarse el juicio político, ya que se considera que sólo podrán imponerse sanciones menores.
En contra de esta posición votaron Soria y Giménez, quien insistieron con el inicio de un sumario. Por esta causa se realizó una investigación preliminar a cargo del camarista civil, Edgardo Albrieu, quien determinó irregularidades en uno de los tres hechos que denunció a fines del año pasado la defensora del Pueblo, Ana Piccinini.
