El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá" (Proverbios 19:9). El precepto bíblico nos remite a una de las peores conductas humanas. Dueña de un potente poder corrosivo, hasta la destrucción, la mentira va horadando las células de una sociedad que en muchos casos se manifiesta complaciente frente a la conducta que baja desde el poder.

¿Cómo es posible que el gobierno instale la mentira como una pauta de conducta y que la imponga hasta dañar el tejido social? Desde que se miente con las estadísticas de precios, la administración Kirchner no ha hecho otra cosa que torcer la realidad a su placer, con el silencio cómplice de gran parte de la población que aprueba esta forma de dinamitar el tejido social.

No se trata ahora de precios, ahora se apunta a esconder el perfil más débil y triste del modelo: la pobreza.

Se continúa mintiendo con la muletilla del "superávit fiscal" cuando las cuentas públicas muestran un déficit ya crónico y cuando el Tesoro les sigue quitando dinero a los jubilados y a la salud para paliar el desequilibrio generado en la madeja de subsidios entrecruzados que sólo benefician a unos pocos privilegiados, partidarios del gobierno.

Las cuentas públicas muestran que, en los primeros ocho meses, el déficit fiscal trepó a 2.550 millones de pesos, todo ello sin contar el dinero extra que ingresó proveniente de la confiscación de los ahorros provisionales privados. Si no se tomaran en cuenta estos fondos apropiados ilegítimamente -por lo tanto, ilegalmente-, el desequilibrio hubiera trepado a casi 12.000 millones de pesos.

Pero este marasmo fiscal y financiero tiende a duplicarse si se toman en consideración los desequilibrios provinciales, con lo cual el déficit de todo el sector público consolidado treparía a más de 25.000 millones de pesos -unos 6.000 millones de dólares-, cubiertos con deuda.

Entonces la mentira del "superávit" lleva a la otra mentira del "desendeudamiento".

Con la exacción de fondos aplicada al PAMI por 1.630 millones de pesos, la administración Kirchner tomó deuda este año con organismos del sector público por casi 38.000 millones de pesos -unos 10.000 millones de dólares en apenas 9 meses-.

Todo este déficit estuvo generado en un descomunal aumento del gasto público improductivo que les ha hecho pagar los platos rotos a los que menos tienen, por lo cual resulta lógico que la pobreza aumente a niveles superlativos contrariando la cosmética oficial.

Pero lejos de ocuparse en esta realidad, el gobierno se encuentra enfrascado en la discusión de la ley de radiodifusión, para controlar un negocio que está en franca retracción. El sistema de transmisión radioeléctrico es insignificante frente al poder de penetración de la internet y, a menos que el delirio dictatorial aflore en toda su magnitud, la administración Kirchner habrá perdido un valioso tiempo en una discusión bizantina sobre un negocio ínfimo. Una prueba más del obsoleto modelo kirchnerista y de su decadencia.

La mentira se ha constituido en una constante para el modelo regente. "Queda clausurada la posibilidad de un nuevo canje", replicaban una y otra vez. Sin embargo, ya hubo un canje y ahora van por otro con una gran compañía de beneficiarios no casuales.

En primer lugar, la propuesta argentina a los holdouts excluye a los acreedores locales y discrimina los fondos especulativos denominados "buitre" de aquellos tenedores individuales.

En segundo lugar, para validar este canje, los bancos deberán llevar deuda en default por al menos 8.000 millones de dólares, de un total de deuda vencida y exigible que roza los 30.000 millones de dólares tomando en cuenta los intereses operados.

En tercer lugar, quienes entren en el canje deberán suscribir un bono nuevo por 1.000 millones de dólares, con vencimiento en el 2016 a cambio de una mejor tasa y el reconocimiento de los intereses vencidos, mediante la entrega de bonos Discount.

Pero por qué tiene tanto interés el gobierno en llevar adelante esta operación que está prohibida por la ley 26.017 y, en todo caso, quién se beneficia con esta operación.

En primer lugar, en el proyecto de ley de presupuesto 2010 se incluyó la facultad para que el ministro de Economía pudiera negociar la deuda en default y de esa manera tener que evitar la derogación de la 26.017 y someterse a un nuevo debate parlamentario con suerte incierta. Esta norma se sancionó en el 2005 y prohíbe cualquier nuevo canje.

En segundo lugar, no puede haber mejoras en las condiciones porque ello podría derivar en reclamos judiciales de aquellos que adhirieron al canje anterior. En la misma ley 26.017 se contempló que cualquier mejora posterior debería extenderse a quienes aceptaron el canje del 2005.

En tercer lugar, y tal vez el nudo gordiano de toda esta monumental maniobra, el gobierno no pagaría -a ojos del pueblo- comisiones a los bancos colocadores -Citigroup, Barclays y Deutsche- sino que lo harían los tenedores de los bonos en default. Sin embargo, las comisiones las va a pagar el Estado -o sea toda la sociedad argentina-, por la mayor tasa de interés. Luego esa comisión se la reparten entre todos los que intervinieron en la operación, bancos y funcionarios. De allí que en el Palacio de Hacienda no se hable de otra cosa que no sea el canje y la renegociación con el Club de París.

Por ahora, y sólo por ahora, la operación choca con dos obstáculos que la podrían hacer demorar.

Primero, el gobierno tiene que lograr la aprobación de la ley de presupuesto 2010, lo que augura un arduo debate parlamentario.

Segundo, la Argentina no tiene aún el permiso de la Security Exchange Commision (SEC) -la Comisión de Valores de los Estados Unidos- para poder realizar la operación.

Tercero, este permiso podría demorar unos dos meses, un lapso suficientemente extenso como para poder asegurar que el actual clima benigno en Wall Street se extienda y beneficie el canje.

Pero la mentira se vuelve a enseñorear debido a la corrupción que se encierra en la operación: muchos tenedores individuales de los bonos defaulteados remataron los papeles a 10 centavos y los únicos que los tienen son los fondos buitres que esperan agazapados que el gobierno les tienda una soga. Con el único objetivo de beneficiarse con el canje y tapar el despilfarro y el desmanejo fiscal y financiero, el gobierno, para salvar el canje, beneficiaría a esos especuladores, incluyéndolos en el canje y les permitiría triplicar su capital a merced de los bolsillos de la sociedad y con la complicidad del régimen.

MIGUEL ÁNGEL ROUCO (*)
DyN

(*) Analista económico