Por encargo de los muy católicos reyes de España don Fernando de Aragón y doña Isabel de Castilla, Cristóbal Colón partió hacia el oeste a descubrir un camino más corto hacia las Indias, pero nos descubrió a nosotros, habitantes de un continente que fue llamado América en homenaje al navegante italiano Américo Vespucio. Por el otro italiano, Colón, estas tierras fueron colonias y se llamó virreyes a los nombrados para gobernarlas.

Hubo primero dos virreinatos, correspondientes a los territorios dominados por los imperios esclavistas de los aztecas y los incas, en México y Perú. Después, pasados más de dos siglos y cuando se supo que en estas lejanías había gente poseída por ideas subversivas y que simpatizaba con la corona británica, Carlos III creó el Virreinato del Río de la Plata, en 1776. De paso, echó a los jesuitas, que habían fundado otro imperio esclavista.

Los virreyes eran nombrados por la monarquía y duraban en sus funciones entre tres y cinco años. Que yo recuerde, los más famosos fueron: Vértiz, porque embelleció Buenos Aires; Sobremonte, porque huyó con el tesoro cuando llegaron los ingleses; Liniers, héroe de la Reconquista después fusilado por golpista; y Cisneros, el último, derrocado por la Revolución de Mayo.

Los virreyes eran, como los presidentes en los sistemas presidencialistas de hoy, muy poderosos. Pero, al contrario de lo que pasa con los presidentes, al término de su mandato eran investigados mediante un "juicio de residencia", que servía para evaluar el comportamiento del funcionario y si se había enriquecido indebidamente.

Ahora los presidentes pueden ser llevados a juicio si han cometido delitos. Ante el Congreso, durante su mandato, y luego de cumplido el mandato ante los jueces. Pero no existe, ni para los presidentes ni para los gobernadores, un juicio que investigue todo lo que hicieron o dejaron de hacer durante su gestión.

Es así también en Neuquén. Jorge Sobisch, que en dos etapas gobernó la provincia durante doce años, está siendo señalado ahora por dos delitos: uno, el asesinato del maestro Carlos Fuentealba en Arroyito; otro, la orden a la policía de no intervenir cuando se estaba cometiendo un presunto delito, en Plaza Huincul. Y su gestión personal, hasta ahora, ha quedado al margen de cualquier investigación judicial. Si hubo delitos, como en el caso Temux, los cometieron otros.

Un ejemplo de cómo se recorta una investigación nos lo ofrecen el fiscal Pablo Vignaroli y el juez Marcelo Muñoz en la causa Temux, encapsulada desde noviembre del 2004 en adelante, por un estrecho sendero. No se puede ir para atrás, a la gestión Manganaro, para investigar cómo se inició el vínculo del BPN con los hermanos Terrado, fundadores de la empresa, o los motivos que tuvo el ex director Carlos Sandoval para no aplicar sanción alguna por el descubierto otorgado a Temux en abril del 2004; ni hacia los costados, para conocer por qué la principal contratista del Plan de Seguridad, Damovo SA, ayudó a Temux con un depósito de siete millones de pesos. Para quien no lo sabe, o lo supo pero lo ha olvidado: Vignaroli es un funcionario judicial en situación de moroso en el BPN tratado bondadosamente para que, mediante una comprensiva refinanciación, pudiera pagar su deuda. Con Muñoz nada. Sólo que llegó a juez siendo pariente de Jorge Sommariva, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia que renunció para no ser llevado ante un jurado de enjuiciamiento y así poder contar con una jubilación que lo pusiere a salvo de la pobreza que afecta a millones de argentinos.

Con la Revolución de Mayo el juicio de residencia quedó atrás. Los gobernantes no son investigados al concluir su mandato sino y solamente cuando se los acusa por la comisión de algún delito. O sea que no se investiga la totalidad sino una fracción. Es lo que ocurre con Sobisch, que en un caso, el del maestro Carlos Fuentealba, es acusado de reprimir hasta el crimen y en otro, el de la "zona liberada" de Plaza Huincul, de dar la orden de no reprimir. Con aparente razón, la razón de Estado, el acusado podría alegar en su defensa valiéndose del refrán "Palos porque bogas y palos porque no bogas", relacionado con los galeotes que remaban en las galeras, verdugueados a latigazos remaran o no remaran.

Sin desmedro de las responsabilidades por el homicidio, lo que aparecería con mayor claridad si hubiera un único expediente es el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público. El artículo 248 del Código Penal castiga al funcionario público que da órdenes contrarias a lo que manda la ley o que las da excediendo lo que la ley manda. En un caso, el del asesinato de Fuentealba, el candidato a presidente de la Nación Jorge Sobisch quiso mostrarse como el más enérgico defensor de la ley, ordenando reprimir severamente un corte de ruta que ya había cesado; en el otro, ordenó no reprimir a docentes que bloqueaban el ingreso a la destilería de Plaza Huincul para que se hiciera cargo de la tarea un malón de patoteros emepenistas disfrazados de obreros de la construcción,

En fin, a lo que quiero llegar es a que hay que ver la totalidad, sobre todo cuando no se trata solamente de filosofar sino de hacer justicia.

JORGE GADANO
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