BUENOS AIRES.- El fiscal de la causa de los remedios truchos, Luis Comparatore, confirmó anoche a Radio 10 que hay otras 60 obras sociales que están siendo investigadas por la Justicia en el marco del expediente por la comercialización ilegal de medicamentos adulterados.
Luego de asegurar que el juez Norberto Oyarbide incorporó a la causa "una gran cantidad de obras sociales e implantó el secreto de sumario, mientras investiga si las denuncias son ciertas", el fiscal Luis Comparatore destacó que "este problema de los medicamentos viene desde hace más de una década".
El fiscal calificó la causa como "un problema serio" porque se usan las cuestiones de salud "como medio para acaparar capital".
Acerca de su pedido de ampliación de la investigación hacia alrededor de 60 obras sociales "por presunción de irregularidades, que pueden ser delictivas o no", dijo que "ante la duda, merece que la prevención".
En tanto, Oyarbide, a cargo de la causa de la "mafia de los medicamentos", comenzó a analizar la documentación secuestrada en allanamientos realizados en propiedades atribuidas al empresario Néstor Lorenzo y al gremialista Juan José Zanola, mientras la defensa del dirigente bancario fue citada para el jueves próximo para sostener su reclamo de recusación al magistrado.
Los jueces de la Sala II de la Cámara Federal esperan a los defensores de Zanola y de su mujer, Paula Aballay, el próximo jueves a las 10, para escuchar el reclamo de recusación al juez Oyarbide en el marco de la causa por la venta de medicamentos "truchos".
La defensa intenta probar que Oyarbide prejuzgó con sus declaraciones públicas en la puerta de su casa diciendo a los periodistas que el cerco de la investigación por la venta de los medicamentos se "cernía" sobre Zanola.
"La imparcialidad, condición esencial para garantizar el derecho de defensa, es precisamente lo que ha estado ausente por completo, desde el inicio de esta investigación", dicen los defensores de Zanola.
Además, los abogados del sindicalista dicen que no conoce en detalle la causa: sostienen que apenas fueron nombrados como letrados, el juez reimplantó el secreto de sumario que rige actualmente en la pesquisa.
En el marco de la discreción que se impone en la causa, Oyarbide dispuso la noche del jueves allanar la droguería San Javier, en el barrio de Caballito, donde se encontraron biblioratos y documentos que ahora están siendo revisados. (DyN)
