SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Ejecutivo municipal contratará una auditoría externa para detectar eventuales distorsiones y errores en la liquidación de los sueldos del personal, que en conjunto absorben más del 90% de los ingresos corrientes. La medida forma parte del paquete de propuestas que tiempo atrás el secretario de Economía, Federico Lutz, le presentó al intendente Marcelo Cascón para contribuir a la reducción del déficit operativo municipal.

En realidad Lutz había sugerido también la convocatoria a un referéndum popular para que los ciudadanos definan posibles cambios en el formato de liquidación de los sueldos.

Cascón desechó el llamado a referéndum, pero asumió al parecer que en el pago de haberes existen aspectos poco claros y decidió encargar una evaluación a especialistas, según confirmó ayer a la agencia ADN.

La presunción es que en pago de sueldos conviven adicionales superpuestos y se arrastran defectos en la "técnica de liquidación", que provocarían una gran sangría de recursos en perjuicio del municipio.

Lutz dijo que la auditoría sobre los sueldos es algo que el gobierno "venía conversando con el Soyem", de modo que en principio no existirían reparos del gremio.

Actualmente los salarios básicos del personal municipal representan un total de 1.522.000 pesos, que con los diversos adicionales superan los 5 millones mensuales.

En su momento el secretario de Economía puso en duda, por ejemplo, que correspondiera el cobro simultáneo de un plus por "función", otro por "responsabilidad" y un tercero por "personal a cargo", como perciben muchos directores.

También los auditores deberían examinar la pertinencia de los pagos extra por "inhibición de título", que el municipio concedió a numerosos agentes.

Otro punto a analizar -dijo Lutz- son las liquidaciones finales del personal que se jubila. Ya de por sí es una carga para el municipio la indemnización que percibe cada agente al jubilarse y que equivale a un mes de sueldo por año trabajado.

Lutz no cuestionó ese derecho, pero dijo que sí podría haber errores con los pagos en efectivo por vacaciones no gozadas, que de acuerdo al Estatuto prescriben a los dos años.

Cuando planteó tiempo atrás su propósito de examinar a fondo la "técnica liquidatoria" de los haberes, Lutz había aclarado que no pretendía "perjudicar a nadie ni afectar derechos adquiridos", pero consideró que la atención de la masa salarial "no debería herir de muerte a la hacienda municipal".