VIEDMA (AV).- La Legislatura aprobó -por mayoría- el convenio que garantiza la jubilación con el 82% móvil para jueces y funcionarios de la Justicia.

Esta adhesión de Río Negro a la Ley previsional 24.018 fue avalada por el oficialismo, Encuentro, Redes, SUR y cinco bancadas unipersonales (los dos PPR, Victoria Popular, Crecer con Principios y Radical Edgardo Castello). Los rechazos fueron del PJ, ARI y Foro Rionegrino.

Desde mediados de octubre, los beneficiarios -que actualmente son 306 jueces y funcionarios- podrán adherir durante 90 días "al nuevo régimen o el mantenimiento del actual". Esa transferencia a la Ley 24.018 exigirá un pago diferencial, ya que este sistema prevé un aporte del 12% (frente al 11% actual) y no contempla tope en los haberes (hoy se aporta hasta los 8.700 pesos).

En reserva, los magistrados no pierden la expectativa de que ese costo (que totaliza unos 12 millones) lo asuma el Estado provincial, pero el gobierno se opone. Por eso, la ley expresa en su artículo tercero que las "personas comprendidas en este régimen" estarán "obligadas a saldar la deuda generada por las rectificaciones, en el modo y forma" que establece el convenio.

El debate lo abrió la radical Marta Milesi que entendió que "es un primer paso" para conseguir el 82 por ciento para "todos los trabajadores públicos". Después se aprobó otro proyecto -de Daniel Cortes y con voto por unanimidad- que crea una Comisión para ese trámite, con un plazo de cumplimiento de un año.

Posteriormente, la arista Magdalena Odarda sostuvo que existe una "injusticia extrema" con este beneficio para jueces y magistrados. Se habla -expresó- de su reforma cuando no se cumple con el 82% para todos como garantiza la actual Constitución. El legislador Luis Bardeggia del Foro ratificó el "trato injusto y discriminatorio", como un "remanente de la jubilación de privilegio".

En cambio, Fabián Gatti de Redes destacó que "no era un privilegio" sino que se "recomponen garantías vulneradas". Irma Haneck de SUR calificó a esta instancia como un inicio en la búsqueda del beneficio para todos los agentes públicos. Mario De Rege del bloque Castello compartió ese criterio. Osvaldo Muena de Victoria Popular recordó que hoy "los jueces no se quieren jubilar" por las condiciones previsionales. Facundo López de Encuentro manifestó que la aceptación del convenio no ofrece elección porque lo otra alternativa es que nadie se incorpore al régimen de la 24.018, recordando la existencia de otros sistemas especiales con la policía y los docentes.

La opinión más crítica perteneció al justicialista Martín Soria. Calificó al hecho como un "arbitrario" e "irritante privilegio", con la "existencia de desigualdad" en el trato con los restantes trabajadores, incluso con el personal de la misma Justicia.

Advirtió del costo que la jubilación tenga para la provincia y, además afirmó que este tratamiento tiene "muchos cabos sueltos", vaticinando que "las vacantes se cubrirán con jueces amigos" y que se le garantiza a los actuales "una jubilación privilegiada por los servicios prestados". Pidió -sin resultados- la suspensión del tratamiento.

Luego, la radical Nelly Meana respondió a "los agravios y suspicacias" de Soria, afirmando que "el ladrón piensa que todos son de su condición". Dijo que "no es privilegio sino una garantía " que se sostiene con actuaciones y fallos favorables incluso de la Corte. Aceptó que puede ser "irritante" esta direccionalidad del beneficio aunque se inclinó en favor de "la ética de la responsabilidad" frente a "la demagogia".

El cierre correspondió al presidente de la bancada oficialista, Iván Lazzeri, reconociendo también que no le "gusta comenzar con los que más ganan" pero aceptó que así son las condiciones fijadas, planteando que el convenio firmado por Río Negro tiene como contraparte al ex presidente Néstor Kirchner.