SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La jueza de Familia, Marcela Trillini, ordenó al municipio y la provincia que garanticen la seguridad en el vertedero municipal e instrumenten un plan de trabajo social para erradicar en forma definitiva la presencia de menores en el predio.
La magistrada hizo lugar a la medida cautelar impulsada por la Fundación Gente Nueva, con el patrocinio del equipo Patagónico de Abogados en Derechos Humanos, Epadhes, ante la ausencia de acciones concretas de las autoridades para resolver el problemas de los menores en riesgo en el vertedero municipal.
En la resolución difunda ayer se ordenó al municipio la colocación del alambrado perimetral e iluminación del predio en un término perentorio de 30 días corridos, bajo apercibimiento de una multa de $200 por día de retraso e iniciación de acciones penales por el delito de desobediencia.
Además se impuso al municipio y al ministerio de Gobierno rionegrino la responsabilidad de "efectivizar vigilancia durante las 24 horas", organizados en tres turnos rotativos diarios.
La obligación corre a partir del inicio de obras del cerco perimetral del vertedero y deberá ser informada al juzgado a riesgo de recibir la misma multa -$200 diarios- en caso de incumplimiento.
A la luz de las pruebas presentadas por Gente Nueva y la inspección ocular del 4 de setiembre pasado, Trillini consideró que "es evidente el riesgo y la vulnerabilidad de los menores que pudieran estar involucrados, por la no existencia de cerco y controles en el vertedero municipal". Y advirtió la existencia de un "peligro efectivo" en cualquier posible demora.
La resolución distingue el objetivo inmediato de "cortar el ingreso de los menores al vertedero" del mediato y "mucho más complejo" de contener a los menores y sus familias con acciones que "les aseguren condiciones de vida dignas".
A tal fin encomienda a las áreas sociales del municipio y al ministerio de Promoción Familiar la realización de "un amplio relevamiento" de los menores excavadores de basura y la presentación de plan de trabajo social con la finalidad de erradicarlos.
Trillini destacó que en una causa anterior se cumplieron los objetivos de seguridad, control y contención de las familias y que "los niños, individualizados, dejaron de concurrir al basurero, reinsertándose en actividades educativas y otros en trabajos remunerados".
