NEUQUÉN (AN).- Unas 3.000 personas marcharon ayer por la capital convocadas por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) al mismo tiempo que el ex gobernador Jorge Sobisch era esperado por un juez para tomarle declaración.
En el marco de un paro provincial, por 24 horas en todo el Estado, hicieron un acto frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde, si bien plantearon las reivindicaciones salariales que promueven hace un semestre, la mayoría de los discursos hizo foco en el desalojo violento de Plaza Huincul de 2006 y el crimen del docente Carlos Fuentealba, cuya compañera, Sandra Rodríguez, se dirigió a Sobisch nuevamente. Lo responsabilizó de ser "el reflejo de la corrupción y la pobreza" de la provincia.
Antes, el secretario general del sindicato docente Marcelo Guagliardo, uno de los oradores, había dicho que el ex gobernador no había tenido el valor de afrontar su declaración testimonial y que "un delincuente común tiene más dignidad que Sobisch" por someterse a la Justicia.
Otro de los que habló, esta vez haciendo eje en uno de los puntos de la convocatoria, fue el titular de ATE, Ernesto Contreras. Pidió, "a estos jueces", que "los corruptos y los que han asesinado trabajadores vayan presos", en lugar de "armar causas a las luchas sociales".
De la marcha, que se hizo cerca de las 12, participaron los obreros Ceramistas, trabajadores del sistema público de Salud, organismos de derechos humanos, y partidos de izquierda.
Los estatales insistieron con los pedidos de aumento: por un lado ATE volvió a pedir una suba del 30%, en tanto los docentes reclamaron el "blanqueo" de 200 pesos que recibieron a principios de año.
En los discursos, también hubo referencias a la compra de remedios que hizo el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, que según afirmaron consejeros de la obra social, se habría realizado a dos laboratorios investigados en la causa de los medicamentos adulterados seguida por el juez Norberto Oyarbide, una investigación que en la provincia está en manos de la Fiscalía de Delitos Contra la Administración Pública.
Guagliardo, que junto con el gremio docente mantuvo una encarnizada lucha con el gobierno de Sobisch, a quien pidió que de ser necesario se lo vaya a buscar con la policía para que declare, dijo que la decisión del juez fue producto de la persistente presión de todo el arco sindical opositor y otras fuerzas del campo popular.
