La Fiscalía que investiga la "mafia de los medicamentos" y su eventual relación con la obra social bancaria le exigió al juez federal Norberto Oyarbide que amplíe las sospechas a medio centenar de obras sociales, entre las cuales figuran las de los camioneros y los mecánicos.

En medio del secreto de sumario impuesto en la causa, el fiscal federal Luis Comparatore requirió que se abra una "megainvestigación" sobre todas las droguerías y obras sociales que aparecen involucradas en la causa en curso por la venta de muestras gratis o de medicamentos adulterados y/o vencidos, se supo de fuentes judiciales.

Al respecto, Comparatore incluyó a cada una de las reparticiones gremiales y empresas farmacéuticas que se relacionan con la pesquisa: así apuntó a medio centenar de obras sociales, entre las cuales está la de los camioneros (Oschoca), la del Smata, la del personal televisivo y un desprendimiento de la Uocra, según detallaron fuentes judiciales.

De esta manera, la causa que salpica a Juan José Zanola, el titular de la Asociación Bancaria, apunta directamente por primera vez a Hugo Moyano, el líder de la CGT y jefe de los camioneros.

Precisamente, la obra social de Moyano ya está siendo investigada por el juez federal Claudio Bonadío, para aclarar si hubo irregularidades en los traspasos de fondos a ese ente.

Ayer el magistrado escuchó a Juan Rinaldi, quien fue responsable de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) durante la gestión de Graciela Ocaña.

La SSS tiene bajo su jurisdicción la Administración de Programas Especiales (APE), que redistribuye fondos por prestaciones complejas a las obras sociales. La APE maneja casi mil millones de pesos anuales. En tanto, el viernes próximo deberá declarar Héctor Capaccioli -antecesor de Rinaldi y uno de los responsables de la recaudación para la campaña presidencial de Cristina Fernández- y el lunes entrante debe hacerlo el actual responsable de la SSS, Ricardo Bellagio.

En la causa que instruye Bonadío se investiga si la APE habría concretado transferencias a la obra social de los camioneros en forma presuntamente irregular, como reintegros por tratamientos contra el cáncer, sida y hemofilia, en una operatoria parecida a la llamada "mafia de los medicamentos".

Mientras tanto, el juez Oyarbide sustancia la investigación que destapó que la droguería San Javier, propiedad de Néstor Lorenzo, habría vendido o entregado medicamentos adulterados, vencidos o repartidos como muestras gratis a la obra social de los bancarios.

Pero Bellagio dijo recientemente que habría al menos otras siete obras sociales que operaban con las droguerías San Javier y Multifarma.

Esas obras sociales y otras tantas que están mencionadas junto a droguerías y farmacias en la causa de Oyarbide pidieron ser investigadas formalmente como sospechosas del reparto de medicamentos, según lo solicitó ahora la Fiscalía. (DyN)