SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Ante la imposibilidad de regularizar las conexiones eléctricas de los vecinos que viven en las tomas y "se cuelgan" de la red, la CEB comenzó a facturarles esos consumos al Instituto Municipal de la Tierra y la Vivienda.

La explicación de la empresa es que el marco regulatorio eléctrico les impide "mandar a pérdida" la energía usada que nadie paga y hasta ahora fracasaron todos los intentos por facilitar la incorporación de los vecinos como usuarios regulares.

La información fue aportada ayer a la comisión legislativa del Deliberante por el consejero de la CEB, Roberto Sosa Lukman, quien intervino "a título personal" en un debate sobre las condiciones de vida en la toma de Nahuel Hue, donde viven unas 1.500 familias.

Un relevamiento realizado tiempo atrás por el municipio demostró que allí se registran los mayores índices de pobreza de Bariloche.

Cabe recordar que esta toma es la más importante de la ciudad. Allí viven 3.600 personas, de los cuales el 40 % son menores de 14 años. El 70 % de las familias son ocupantes, con bajo acceso a la educación y a servicios básicos. Gran mayoría de viviendas precarias, con calefacción a leña. También se observó que tienen un nulo acceso a las nuevas tecnologías y su trabajo esen negro, con bajos ingresos y excasa seguridad.

Los concejales abordaron la cuestión a partir de la queja que planteó un empresario turístico por el perjuicio que la precaria urbanización le ocasionaria a su emprendimiento.

Sosa Lukman recordó que tiempo atrás la CEB promovió la creación de una cooperativa con vecinos del mismo barrio para la fabricación de pilares de luz.

Por otra parte, el emprendimiento funcionó bien pero a pesar del bajo precio de los pilares y de otros beneficios concedidos, fueron muy pocas las familias que tramitaron su medidor para tener la conexión eléctrica regularizada.

El directivo de la CEB explicó que prefieren seguir colgados y consumir gratis, ya que si ingresaran como clientes del sistema deberían pagar facturas muy abultadas "porque tienen en sus viviendas calefones, calefactores, termotanques y artefactos eléctricos de todo tipo".

La reconversión de todo ese equipamiento requeriría un programa mucho más vasto que no está al alcance de la CEB ni tampoco fue abordado por el municipio.

Según Sosa Lukman, la CEB debe "defender a sus asociados" y además el Ente Provincial Regulador de la Electricidad le prohibe "mandar a pérdida" la electricidad consumida por los "colgados". Por eso decidió trasladar el costo al municipio.

Ayer no fue posible obtener una precisión sobre el monto de las facturas remitidas, pero sí estaría confirmado que el Instituto de la Tierra y la Vivienda no pagó ninguna.