RÍO COLORADO (ARC).- La causa iniciada en contra del Ejecutivo municipal a partir de la denuncia radicada por los concejales de la oposición, se movió en los últimos días a partir de la decisión de la fiscalía de investigar la conducta de los representantes del gobierno municipal.

El fiscal Miguel Ángel Flores explicó a "Río Negro" en qué estado se encuentra esta causa y cuáles serán las próximas medida a tomar.

Vale recordar que todo comenzó en diciembre del 2008 con la presentación de un proyecto de ordenanza que realiza el poder Ejecutivo con pedido de tratamiento urgente.

En la misma se disponía la declaración de utilidad pública y sujeto de expropiación parcial de los inmuebles ubicados en la costa del río Colorado para construir la ansiada obra de la Costanera.

Según pudo saberse, el Deliberante no le dio el tratamiento dentro de los plazos establecidos y por lo tanto el Ejecutivo, en interpretación del artículo 74 de la Carta Orgánica, la promulgó por resolución. Incluso la norma lleva el número 1210.

Denuncia de los ediles

Sin embargo, los cuatro concejales de la oposición rechazaron la forma en que se realizaron los procedimientos administrativos y resolvieron presentar una denuncia penal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El fiscal Flores indicó a este medio que "la fiscalía, a fines del mes pasado, había dictaminado a que se abriera la instrucción para investigar la conducta de los representantes del poder Ejecutivo municipal, y que se encuentra radicada la causa en el juzgado 30 de Choele Choel, a cargo de la jueza Marisa Bosco".

Para ello la fiscalía hizo la instrucción preliminar, reunió pruebas, hizo un primer dictamen, siguió juntando pruebas por disposición de la fiscalía de cámara, y tras reevaluar todo, adoptó un criterio distinto al que se había adoptado en un principio atento haber incorporado otros elementos probatorios.

Flores agregó que la primera medida es el llamado a declaración indagatoria del intendente Villalba, aunque aclaró que no está fijada la fecha.

Finalmente dijo que resta establecer en qué figura se podría encuadrar este caso aunque adelantó que podría ser "presunto abuso de autoridad" o "presunta violación de los deberes de funcionario público" al no haber respetado los procedimientos vigentes. La pena en estos casos está prevista de un mes a dos años de prisión.

"Pero esto recién se está iniciando la etapa de investigación y como primer medida se correrá traslado a los imputados para que ejerza el acto de defensa. Es cierto que todavía no fue notificado el intendente", concluyó el magistrado.