La media sanción que los diputados le dieron al Proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mostró en la fachada la dura lucha empresarial que ha movilizado las mayores pasiones en la discusión. "O se está con o se está contra", suele decirse.

Sin embargo, la misma contiene un aspecto central que al periodismo no debería serle ajeno: cuando el texto se convierta en ley el peligro de censura y de autocensura de las voces independientes será mayor, ya que se habrá cercenado casi del todo la posibilidad de que los medios y sus periodistas intermedien libremente entre la información y los ciudadanos, sin mirar al costado para ver si la misma puede irritar o no al poder de turno.

Bajo la pátina de que se trata de una ley que la democracia se debía, principio que ha defendido todo el periodismo que se autocalifica de "progresista", la aprobación conseguida en la madrugada del miércoles en la cámara baja resultó al fin ser un cúmulo de normas, reglamentaciones, controles, registros y cupos de mercado que objetivamente exceden lo que las regulaciones estatales deben proveer necesariamente para asegurar la pluralidad y la transparencia de la información. Tal como está, la letra de la futura ley parece contradecir aun los objetivos de la misma, basados en el "desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación". Al respecto, una primera lectura del texto final permite apreciar que, en los temas centrales que hacen a la libertad de expresión, se está bastante lejos de esos enunciados:

? No se trata de una ley antimonopólica porque, si bien dice ir a favor de los consumidores ya que la emprende contra las situaciones que concentran el mercado, lo que logra es ayudar a consolidar de mala manera el monopolio del Estado, a partir de que aparecen en su letra regulaciones sobre regulaciones y de que otorga, por ejemplo, posibilidades y beneficios sólo para las cadenas nacionales y provinciales estatales, las que podrían imponer no sólo un discurso único sino más costos para todos los contribuyentes.

? No es tampoco una ley de la libertad, ya que el texto aprobado con media sanción tiene tantos o más vicios de autoritarismo que aquella del proceso militar que se dice que ésta viene a cambiar, expresados en múltiples vericuetos de discrecionalidad política a la hora de autorizar o cancelar licencias y también de exceso de burocracia, ya que no sólo se suman contenidos obligatorios de programación de difícil control, que seguramente sumarán más costos a la operación, sino que hacen sospechar, hoy como antes, que sólo estarán cómodos con sus medios aquellos que tengan mayor afinidad con el poder político de turno.

? Si de censura previa se trata, está claro que en el articulado se condiciona a los editores de diarios para ser licenciatarios de radio y tevé, salvo la discrecionalidad de la "autoridad" de aplicación, nombre extraño si los hay para una ley votada por el FpV y la izquierda.

? No es una ley de la igualdad, ya que quienes aseguren que no tendrán fines de lucro, aunque vivan de las dádivas oficiales y aunque consigan ganancias subterráneas a través de mecanismos de retribución non sanctos, tendrán prerrogativas impositivas y, por ende, menores costos que aquellos independientes que se constituyan como empresas "de gestión privada con fines de lucro".

? Definitivamente, no es una ley que ayude al pluralismo, ya que esto es algo que no se asegura a través de la simple suma de opiniones concurrentes. Cuantos más medios haya, la atomización puede ser tan grande que cada una de esas unidades, que necesitará apoyatura económica porque la torta publicitaria no es infinita, quedará necesariamente presa de quien sea su patrocinador principal, en este caso el Estado nacional, provincial o municipal que les da cabida, sin que por ahora se haya logrado que se transparenten -y esta ley era una oportunidad- los mecanismos de asignación discrecional de las pautas publicitarias, aunque se les ha colocado a último momento un tope.

? Además, ésta no es una ley segura en lo jurídico, ya que abre el camino para que quienes se sientan afectados en sus derechos diriman ante la Justicia, durante mucho tiempo, las nuevas reglas de juego. En forma paralela, no parece una buena forma de mostrarle al mundo cómo son tratadas las inversiones en la Argentina, como en el caso de aquellos que instalaron sistemas de cable dentro de reglas libres y que ahora tendrán que recuperar su inversión en menos tiempo o se verán obligados a desinvertir o malvender.

? Por último, desde lo político, hay que marcar como un contrasentido que esta ley, en nombre de la transparencia y la pluralidad, sea propiciada por un gobierno que poco ha hecho para brindar información transparente a los medios, más allá de que aún duerme el sueño de los justos la legislación sobre el acceso a la información pública. Y esto, dicho más allá de los excesos cometidos en el Indec y en relación con que todas las informaciones oficiales merecen siempre una doble lectura, sin contar con la poca disposición de los funcionarios para generar corrientes de diálogo directo con la prensa en su conjunto.

De aquí en adelante, el Senado tiene entonces una brillante oportunidad para moderar la peligrosidad que representan muchos de esos excesos que amenazan de modo directo al periodismo independiente y que hacen retroceder muchos principios constitucionales. Y por último, una perla más, ya que, de modo indirecto, los legisladores se han metido también con el mercado de la transmisión de datos a través de la banda ancha, que encontrará en la nueva legislación un límite atado al cupo de mercado que tendrán los cables (35%). Por eso, atención blogueros y quienes hacen periodismo-ciudadano: la experiencia indica que los reguladores-maníacos todo lo pueden y que ahora son capaces de venir por internet.

(*) Director periodístico de la agencia DyN