El impacto de la crisis económica en el mercado local de la construcción quedó limitado a los emprendimientos de baja escala, mientras que los grandes proyectos -especialmente los relacionados con hotelería y servicios de alta gama- mantienen su dinámica creciente y ejercen fuerte presión sobre las áreas del municipio encargadas de evaluar y autorizar las obras.

La cantidad y el volumen de los emprendimientos que se asentarían en el entorno del lago Moreno preocupó al bloque de concejales del Frente Grande, que presentó un proyecto de ordenanza para suspender toda nuevo permiso de construcción allí hasta que el municipio cuente con un código urbano actualizado.

El planteo fue promovido en realidad por el arquitecto Carlos Valeri, quien manifestó que con la normativa hoy vigente el Moreno podría verse rodeado en pocos años de 250 mil metros cuadrados de construcción, con un impacto "irreversible" sobre el ambiente. Recordó que, a diferencia del Nahuel Huapi, el lago Moreno tiene muy baja capacidad de recepción de efluentes y el "desarrollo antrópico" en su periferia provocó ya una severa deforestación. La Asociación Civil Árbol de Pie suscribió el reclamo, criticó con dureza la cultura de la excepción y dijo que con al otorgar factibilidades y dar curso a nuevos expedientes el municipio otorga derechos que "indefectiblemente originarán controversia".

La propuesta de limitar cualquier nueva obra encontró rápido rechazo por parte del Ejecutivo Municipal. La secretaria de Planeamiento y Medio Ambiente, Fabiela Orlandi, dijo que "la solución no es frenar las inversiones sino orientarlas, encuadrarlas y ponerles un régimen". Aseguró también que la ordenanza impulsada por el FG "es preocupante desde el punto de vista socioeconómico", porque el turismo es fuente principal de ingresos para la ciudad.

El intendente Marcelo Cascón, en tanto, recordó que los equipos técnicos del municipio "están trabajando mucho y bien" para elaborar el postergado Plan de Ordenamiento Territorial y criticó a Valeri, porque fue el responsable de Obras Públicas y Planeamiento durante el anterior gobierno municipal y no planteó ninguna veda constructiva.

Según Cascón, poner límite a los proyectos de envergadura "no solucionará nada" y recordó que todo el Oeste de la ciudad está loteado en pequeñas parcelas que podrían albergar viviendas unifamiliares, porque así lo permite el código vigente, lo cual provocaría un colapso urbanístico. Aseguró que esa potencial explosión quedará acotada con el Plan de Ordenamiento.

La aguda polémica así planteada no parece de fácil solución. El reclamo para restringir nuevas inversiones hasta que el municipio cuente con una normativa clara busca evitar la repetición de abusos, privilegios y excepciones que en Bariloche tienen larga y penosa historia. Fue con ese espíritu que los convencionales incluyeron también en la Carta Orgánica la suspensión de nuevos loteos en el Oeste mientras no exista un Plan Estratégico e Integral de Desarrollo de la ciudad y prohibió toda construcción sobre una franja de 300 metros a cada lado de la ruta de Circunvalación con una condición similar. Esas cláusulas tienen casi tres años de vigencia y los funcionarios se han quejado más de una vez por ese corsé en lugar de acelerar la marcha para aprobar los instrumentos legales que las dejarían sin efecto.

Lejos de ser un rasgo snob o conservador, la preocupación ambientalista que ganó el primer plano en los últimos años y que en Bariloche encontró particular arraigo compone una conciencia social nueva que el Estado debe atender.

En el caso puntual del lago Moreno el municipio enfrenta un desafío de particular complejidad porque involucra un recurso natural y paisajístico de alto valor. Su degradación no sólo atenta contra la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras, sino que a la larga también pone en crisis el atractivo turístico que las mismas inversiones pretenden aprovechar.

En el problema confluyen una multitud de variables, que van desde la creciente demanda habitacional, la especulación inmobiliaria, la necesidad de grandes inversiones creadoras de empleo, la adopción de reglas urbanísticas claras y justas, la preservación del medio ambiente y la herencia de antiguas decisiones (como los loteos indiscriminados) que condicionan todo.

Además de un arduo trabajo técnico, la situación exigirá el máximo de transparencia y participación. Para dar respuesta razonable a todos los actores, el gobierno municipal deberá revertir la deuda en materia de planificación urbana, salir de la endémica improvisación y construir verdaderas políticas públicas.

Aun cuando haya que esperar todavía más. Sería estimulante que la gestión, el trabajo y el debate resultante estén a la altura de semejante encrucijada.

DANIEL MARZAL
dmarzal@rionegro.com.ar