Hay sobrados motivos por los cuales desear que el funcionamiento del Poder Judicial sea lo suficientemente independiente de las presiones del poder político. Sobre todo, desde que la evolución del sistema republicano derivó en un notable desequilibrio entre los tres poderes que conforman el Estado.

Nada es más desigual hoy que la influencia relativa de los tres poderes, que sólo tironean con similar fuerza de una cuerda triangular en la ingenua representación que albergan libros olvidados.

La realidad muestra un agigantado Poder Ejecutivo, constituido ya como un sistema en sí mismo, con múltiples incumbencias que alcanzan a casi todas las áreas de acción de la vida personal, social y económica; que insume la inmensa mayoría de los recursos públicos -más del 94% del total en Río Negro- y toma decisiones que afectan en forma más o menos directa al resto del gobierno.

En uno de los otros extremos de la cuerda está un Poder Legislativo con elevados ingresos per cápita pero con reducida autonomía, que vota casi con exclusividad lo que quiere el gobernador y renuncia en forma prácticamente absoluta a ejercer el rol de control que le asignan los papeles. Más bien, la representación que el poder político asume a través de sus miembros en el Consejo de la Magistratura, la Comisión de Transacciones Extrajudiciales u otras instituciones y entes entona -las más de las veces- un solo coro con el Poder Ejecutivo, restando diversidad y maximizando la defensa de un solo polo de intereses.

Y, en el restante extremo, se halla el Poder Judicial, atenazado por ese extraño juego de relaciones que oscila entre la facultad de decidir -propia de todo juzgador- y la disciplina que con cierta fuerza se impone a través de instrucciones, reasignación de competencias, fallos de seguimiento obligatorio, favores o disfavores y, en una medida imposible de medir, actitudes medrosas o elusivas.

Si un Poder Legislativo con sus facultades acotadas no es nada deseable, una influencia desmedida del Poder Ejecutivo sobre el Judicial resulta letal para toda expectativa de fortalecimiento republicano.

Más que conjurar el pasado dictatorial, conviene a las instituciones tender a atemperar el actual desequilibrio, dando a cada quien lo que le toca en cuanto a facultades y obligaciones -que no son más que las dos caras de una misma moneda-. Resulta por ello preocupante conocer que el Consejo de la Magistratura -en el cual el poder político tiene una influencia considerable- mantiene actualmente sin resolución 11 sumarios y 66 investigaciones preliminares contra jueces, fiscales y funcionarios judiciales rionegrinos, algunos de los cuales acumulan cinco años de indefinición.

A nadie escapa que un juez o un fiscal sobre quien pese una investigación que puede dejarlo de un plumazo fuera de su cargo carece de la serenidad de espíritu necesaria para tomar resoluciones que afecten al poder político. Es indudable que se verá inducido a calcular el efecto que cada decisión suya tendría en éste o aquel integrante del Consejo de la Magistratura de acuerdo con las conexiones, amistades o alianzas estratégicas.

Por eso, conviene que toda acción que ponga en tela de juicio el accionar de un funcionario judicial se resuelva con premura, para quitar toda sombra de sospecha a los justiciables pero, sobre todo, para que la investigación misma no se convierta en una espada de Damocles que conspire contra toda posibilidad de un funcionamiento independiente de la Justicia.

Lamentablemente las señales no son las mejores.

En estos días, es probable que el Consejo de la Magistratura -el consejo "chico" de la Primera Circunscripción, no el "grande" que elige a jueces del STJ y al procurador general del Poder Judicial- elija al defensor general y al fiscal general de la provincia, figuras recientemente creadas. El fiscal general resultará determinante para definir y liderar toda política de persecución penal.

Sea por error en la elaboración de la ley que los creó, sea por intención expresa de concentrar poder en la sede del gobierno, no se previó para estos dos nuevos cargos una designación con representación provincial. La ley 4199 los iguala al resto de los integrantes del Ministerio Público, sin advertir que, al hacerlo, manda que sean designados por alguno de los cuatro consejos de la Magistratura que nombran a los funcionarios de cada circunscripción.

Como la sede de sus funciones será Viedma, se optó luego por interpretar que los elija el Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción. Esto perjudica al fiscal López de Bariloche, que también aspira al cargo. Y seguramente derivará en planteos de revocatoria por ilegitimidad en la designación, que ya preparan los colegios de Abogados de Roca, Cipolletti y Bariloche.

Además, entre los aspirantes a fiscal general se cuenta un abogado sobre quien pesa una denuncia penal por una presunta inconducta en que habría incurrido al aceptar integrar un tribunal civil para entender en un caso que incumbe a un funcionario que él defiende en sede penal por una causa relacionada.

Es posible suponer que Edgar Nelson Echarren -de él se trata- busca generar la idea de que nadie es mejor que él para el cargo en virtud de la experiencia que le confirieron las casi tres décadas en que fue juez del Superior Tribunal de Justicia. Y es probable que, en algunos de quienes deben decidir sobre la cuestión, pese el poder personal que -sobre el Poder Judicial- lograra en esa función y en Viedma.

Pero el tema tiene varias aristas más que controversiales.

Para algunos, ligados al poder político, ningún otro aspirante al cargo podrá igualar sus antecedentes. A nadie escapa que esta opinión podría estar teñida de parcialidad, puesto que Echarren es el defensor del legislador Daniel Sartor y de otros funcionarios y allegados que están siendo investigados penalmente.

Para otros, implicaría una pésima señal que derrumbaría moralmente a ese Ministerio Público. ¿Qué independencia podría tener un fiscal -afirman- para sostener la acusación contra un legislador o un funcionario sabiendo que su jefe -el Ministerio Público Fiscal responde a reglas jerárquicas en función de la unidad de acción- fue su defensor o argumentó en favor de un caso similar?

Para otros, designar al ex juez sería repetir una historia de despilfarro administrativo en el Poder Judicial, con un enorme daño para las arcas provinciales y la carrera judicial. Argumentan que Echarren tiene 70 años y hace casi una década que se jubiló. No hay una norma que le impida volver a ocupar un cargo. En caso de ser elegido, ni siquiera debería resignar parte de su haber previsional ni de su sueldo activo. No hay siquiera una norma que imponga una edad límite para ejercer, ya que un funcionario judicial -salvo destitución por juicio político o incapacidad- asume a perpetuidad.

Pero lo llamativo es que esta presión del poder político surja precisamente cuando el oficialismo insiste en buscar la ratificación del convenio para permitir que los jueces perciban al jubilarse el 82% de su haber activo. Una iniciativa que los legisladores oficialistas han presentado como una manera de "renovar" la judicatura de la provincia.

Todos estos hilos, así como los pobres resultados que han tenido hasta ahora las causas judiciales que ha promovido la defensora del Pueblo o legisladores opositores, constituyen una urdimbre riesgosa que sólo podrá revertirse con una activa participación ciudadana.

ALICIA MILLER
amiller@rionegro.com.ar