CIPOLLETTI (AC).- "La ingesta de bebidas alcohólicas en los menores, y peor aún, cuando hay adultos que comparten esa práctica con los chicos, es un problema que hay que erradicar con la participación de todos los sectores. Con gran responsabilidad del Estado y de los padres de familia. No puede ser que haya mayores tomando con adolescentes y jóvenes como si nada", señaló ayer con honestidad brutal el titular del juzgado Penal 6, Gustavo Herrera, en el contexto de una información acerca de las actuaciones que se están haciendo en función de la tremenda batahola que tuvo lugar el viernes último en el barrio 1.200 Viviendas entre jóvenes -supuestamente ebrios- y grandes, y la Policía, que derivó en piedrazos y destrozos de un lado y réplica con balas de goma por otro.

En ese punto Herrera dijo que se tomarán declaraciones a todos los involucrados para luego adoptar una medida.

Sin embargo, lo más impactante de sus precisiones fue cuando se refirió al fenómeno de la ingesta masificada de bebidas alcohólicas de parte de menores -que, aclaró, no es de Cipolletti sino que su encuadre es a nivel país y más aún- y que en los últimos tiempos ha alcanzado dimensiones dramáticas porque "cada vez son más los casos que se detectan de mayores tomando con menores, en determinadas ocasiones, parientes y en otros no. Esto es atípico y se debe revertir con acciones concretas y consensuadas".

Consideró que se ha perdido el control que naturalmente se ejercía sobre los niños y jóvenes desde las cabezas de familia -padre, madre- y que está faltando una "coordinación" entre los organismos de la provincia y los municipios. "El intendente Alberto Weretilneck en una época criticó a la Justicia pero no se escuchaban recetas de soluciones. Pero ha habido un cambio y una decisión de encarar un plan con un especialista que pensamos será positivo", dijo.

Se refería Herrera al Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Cipolletti, en proceso de implementación, con la supervisión del especialista Claudio Stampalija, quien parte del concepto de que "es necesario aplicar políticas inclusivas de índole social además de determinar cómo está el entorno social y las situaciones de violencia intrafamiliar que siempre tienen un lugar de privilegio como factores de riesgo".

La Justicia -referenció el juez- actúa cuando se produce un delito, no antes, y se sintió obligado a reclamar entonces una urgente intervención del los agentes provinciales y locales de los gobiernos, y un mayor protagonismo de la familias, para encauzar una situación.

En obvia alusión al grave problema de las 1.200 Viviendas que está investigando, pero ampliando su referencia porque no lo citó puntualmente, consignó que "sorprende e indigna ver a mayores compartiendo bebidas alcohólicas con menores, familiares incluso, y que cuando la policía interviene los vecinos, aparte, rechazan su presencia. Algo no anda bien, es obvio. Yo no tengo una solución en las manos pero es interesante el plan" de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Empero, advirtió el magistrado que hay que "agilizar la presencia de los organismos y fomentar una concientización de los mayores, de la familias, antes de que el problema se torne más severo aún".