VIEDMA (AV).- El gobernador Miguel Saiz volvió ayer a responderle a la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, por la causa penal relacionada con el manejo de los Programas Laborales Rionegrino (PER). "¿Van siete años y ahora nos damos cuenta que no se ha investigado nada? Y queda en claro que el fiscal no depende del gobernador", arengó Saiz, apuntando al representante fiscal de la causa penal, Ricardo Falca, funcionario que depende de la procuradora General y hermana de la defensora, Liliana Piccinini.

En diálogo con la prensa, Saiz respondió frente a las críticas que destacan que recién ahora el Poder Ejecutivo se constituye en querellante en el expediente de los PER. Una opinión que la defensora reiteró el jueves ante periodistas.

Ayer, el gobernador expresó que "se sigue insistiendo en que la orden impartida a la Fiscalía de Estado tiene que ver con la causa PER, cuando la orden ha sido constituirse en todas las causas donde haya compromiso patrimonial de funcionarios o empleados del Estado". Después, el mandatario destacó que "me llama la atención que ante denuncias hechas por la misma persona, a los dos meses de realizada la misma pidieron juicio político, mientras en el caso de los PER ya van siete años, y ahora nos damos cuenta que no se ha investigado nada".

Aquel planteo alude a las denuncias planteadas por Ana Piccinini que concluyeron en el juzgado de Pedro Funes y que en el reciente expediente de Flavors determinó su presentación de juicio político contra el juez, actualmente con licencia médica.

Defensa de abogados a su colega Maza

Por su parte, el Colegio de Abogados de Viedma defendió públicamente a uno de sus integrantes, Manuel Maza patrocinante de Gustavo Otero, que es uno de los tres procesados por la causa de los PER. En un comunicado, el cuerpo se manifestó después de que la defensora del Pueblo calificara a Maza como "atrevido e irresponsable" por haber difundido cámaras ocultas y haber hecho declaraciones públicas acusándola de tener participación en los hechos que se investigan. "El rol del abogado en un proceso no es representar un interés propio sino llevar adelante la defensa técnica en interés de otro: su cliente. Lo contrario implicaría afirmar erróneamente que las acciones civiles o penales se dirigen no sólo al demandado o al imputado, sino también a su abogado", expresa el Colegio.