CIPOLLETTI (AC).- "Nosotros no tenemos nada que negociar porque sólo se debe cumplir una ley de la democracia, sancionada en 1985: el 20 por ciento por zona desfavorable (diferencial es el término que figura en la normativa) se debe pagar sí o sí. No hay término medio y seremos inflexibles". Estos conceptos, terminantes, corresponden al secretario General del gremio de la Unión de Trabajadores Rurales de la República Argentina (Uatre) en la provincia, José Liguén.

El dirigente le puso de esta forma ayer una cuota más de dramatismo a la situación, en correspondencia con las expresiones del presidente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), Oscar Martín, quien en una línea afín con la Federación de Productores, luego de la reunión mantenida con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, expresó que "vamos a tratar de hacer un esfuerzo pero no del 20 por ciento. La situación no está para eso".

Es más. El lunes se volverá a reunir en la cartera de Tomada la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) y hacia Buenos Aires irá desde toda la zona del Comahue la gente de Uatre con más de 500 trabajadores del sector en unos 15 ómnibus. "Queremos que el ministro vea a qué grado llega la justicia de nuestro reclamo porque con mucho sacrificio viajaremos más de 1.200 kilómetros y acompañaremos frente al edificio del Ministerio. El país nos escuchará, no sólo las autoridades", resaltó Liguén.

Y como si todo lo que está sucediendo fuera poco Liguén anticipó que si no se llega a una solución favorable -"porque sólo aceptaremos" el 20 por ciento- "no se va a levantar la cosecha y la fruta quedará en las plantas. No vamos a ceder y que esto quede muy pero muy claro".

Conociendo la posición de muchos pequeños y medianos productores, nucleados o no en la Federación, que se han hecho sentir incluso por radios regionales indicando que ellos no pueden afrontar un pago de esas características, Liguén trajo a colación que los sectores productivos frutícolas tienen subsidios a su disposición, y que si en verdad manejan una postura tendiente a evitar conflictos que inviertan la mitad de ese beneficio para cubrir el porcentaje que marca la ley.

Otro referente que acompañaba a Liguén cuando "Río Negro" lo contactó vía celular tomó la posta y dijo que "los trabajadores rurales hemos soportado como pocos las inclemencias, la precariedad de viviendas, comida magra y rápida, sueldos bajos, una tarea casi de "sol a luna" como para rifar ahora porque sí nada más ni nada menos que el cumplimiento de una ley. El Estado tiene la obligación legal y moral de hacer cumplir una ley de la democracia".

"Esto no admite ninguna negociación. No pretendemos nada más alto pero tampoco más bajo que lo que está escrito. Y lo que está escrito es el 20 por ciento por zona", sentenció Liguén, de nuevo en el foco de la escena.