NEUQUÉN (AN).- Sólo para pagar los honorarios de abogados, el Estado provincial previó en el presupuesto más de cinco millones de pesos por los juicios con sentencia desfavorable para este año.

El dato quedó expuesto en el articulado del presupuesto provincial, que si bien no revela los montos a pagar por los procesos con sentencia firme en contra, repara en que son 101, que estarían concentrados en unos pocos estudios jurídicos. La única cifra que se prevé, para realizar la reserva presupuestaria, son los 5.105.213 millones de pesos que el Estado deberá pagar en abogados.

El monto de las demandas no se reveló, pero consta en cada una de los expedientes que tramitan en la Justicia. "Es una cifra mucho mayor y no se puede desprender del monto de los honorarios, porque los jueces tienen en cuenta distintas aspectos del proceso para estimarlos", explicó Kogan de la cifra que, se estima, se multiplica varias veces.

"Va a haber que analizar con mucho detenimiento la actuación de la fiscalía de Estado defendiendo los intereses de la provincia", dijo el diputado del PJ, Ariel Kogan, que dio cuenta de la información el jueves, en el Recinto, durante el debate por el presupuesto provincial.

El diputado aseguró que "el 95% de las regulaciones judiciales de honorarios que debe pagar el Estado corresponden a juicios perdidos por el IPVU, el ISSN y el CPE" y que, "llamativamente, la mayoría corresponde a demandas iniciadas por unos pocos estudios jurídicos".

"El Estado se desangra con la industria del juicio, que tiene interesados adentro y afuera", acusó Kogan, que responsabilizó por las pérdidas a "funcionarios que por incapacidad o adrede provocan situaciones par que el Estado sea demandado". "También adentro, la defensa jurídica del Estado provoca estos alarmantes resultados", agregó.

De la "industria del juicio" sostuvo que "afuera hay abogados que encuentran un buen negocio en explotar estas situaciones, accionando contra el Estado" y que "es un tema muy complejo y pesado, porque involucra millones de pesos con interesados dentro y fuera del Estado".