Si el propósito del arco anti-K constituido por Julio Cobos, Mauricio Macri y Francisco De Narváez fue llevar tranquilidad a la sociedad, al fijar su rechazo conjunto al proyecto de ley de medios audiovisuales que impulsa el gobierno, no hizo otra cosa que complicar la contienda política cada vez más crispada por varios motivos:
? Desde el kirchnerismo (Aníbal Fernández, Agustín Rossi y Alberto Balestrini) llamaron "desestabilizador" a Cobos y le reclamaron "un paso al costado" por ser "el principal obstáculo para debatir las leyes que impulsa el Poder Ejecutivo en el Senado".
? Claramente en contra del apuro oficialista y de la iniciativa original del Poder Ejecutivo Nacional por afectar "la libertad de expresión", otros dirigentes hicieron saber su rechazo, pero no se prestaron a posar para la foto con Cobos y Macri. Es el caso de Carlos Reutemann y Elisa Carrió. "Lilita" le hizo a saber a "Río Negro" que la actitud del vicepresidente "pone en riesgo a las instituciones".
? La contienda agudizó el enfrentamiento entre el matrimonio presidencial y el Grupo Clarín. Un ejército de inspectores de la AFIP desembarcó intimidante el jueves en las oficinas de la redacción del diario que esa mañana había denunciado el pago irregular de un subsidio a una firma ganadera. Pero luego el titular del organismo, el ultra K Ricardo Echegaray aseguró increíblemente que NO (así, en mayúsculas) había sido él quien ordenara el operativo.
"Así es el gobierno, primero pega la piña y después pide disculpas. Promueve el diálogo para ganar tiempo; convoca al campo para anunciar medidas con las que el campo no está de acuerdo y se pelea hasta con el Papa por el tema de la pobreza. No es confiable", señaló uno de los miembros de la mesa chica de Cobos, al ratificar ante este diario que el mendocino no renunciará y que antes de fin de año tomará el control de la Unión Cívica Radical, convalidando el ascenso de Ernesto Sanz a la presidencia partidaria.
En el Congreso, las bancadas que responden a la presidenta Cristina Fernández volvieron a percatarse de que si no flexibilizan la norma elaborada por el Comfer, ésta podría correr igual suerte que la resolución 125.
Agustín Rossi ya está trabajando con el senador Miguel Pichetto para ceder ante algunos planteos firmes que hacen bloques de centroizquierda a los efectos de levantar la barrera antes del 10 de diciembre. Tienen que ver con el órgano de aplicación, la empresa telefónica italiana y los servicios del Triple Play y la regulación de la publicidad oficial.
"Más allá de los aspectos técnicos, existe la intención clara de Kirchner de cambiar un monopolio (por Clarín) por otro propio, poniendo testaferros en Telecom", recitó Carrió ante el diputado Adrián Pérez, antes de que éste expusiera las razones de la Coalición Cívica para intentar frenar el avance del gobierno, que no se detuvo a pesar de la derrota electoral del 28 de junio.
Se discute también sobre otros aspectos. Macri recita que este parlamento es legal, pero le cuestiona su legitimidad, tesis que rechazan frontalmente entre otros Carrió, Reutemann, los socialistas de Hermes Binner y "Pino" Solanas.
"Habrá atenuaciones. Se fijarán condiciones y plazos para el ingreso de las telefónicas. Y, no sabemos hasta dónde, se modificará el organismos de control", admitió un oficialista que incluso sondeó al ex presidente Carlos Menem (hasta hoy enemigo de los K) para que acompañara el trabajo de Guillermo Mariotto. Hay quienes, haciendo números, sostienen que el kirchnerismo pasará la prueba en Diputados pero se atascará en el Senado, donde Cobos planifica demorar la cuestión, avivando el debate en la mayor cantidad posible de comisiones.
"Por lo menos, se ganará igual que durante la votación de las facultades delegadas", afirmó un senador. En dicha ocasión, hubo 38 pronunciamientos a favor de extender esa ley por un año más, contra 30 de la oposición.
Si Cobos insiste en ramificar los envíos a comisión, se aplicaría el reglamento y se llevaría la espinosa cuestión al recinto. Ante la advertencia del radical Oscar Aguad de retrotraer todo hasta después del 10 de diciembre, una fuente de la Rosada aceptó que estaría en su derecho. "Aceptaremos las reglas de juego. Hasta pueden recorrer la instancia judicial, pero no deberían olvidarse de que la presidenta tiene el poder de veto", alertó.
La dinámica del conflicto, en una instancia económica muy distinta a la del 2001 alcanzó un voltaje impensado por la falta de consenso entre los partidos y los grandes intereses en disputa. Habrá que aprender a ceder un poco si realmente se quiere que el desorden no se haga inmanejable.
ARNALDO PAGANETTI
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