Puede que exageren quienes suponen que los diputados oficialistas e izquierdistas que aprobaron la ley de medios sentenciaron a muerte la libertad de expresión en la Argentina, pero no cabe duda de que si los senadores votan como hicieron los legisladores de la Cámara baja, el gobierno kirchnerista se dotará de un arma poderosa que podría emplear para presionar todavía más a aquellos medios de difusión que se animen a criticarlo. Es éste el motivo del apuro realmente extraordinario que están mostrando los Kirchner que, a sabiendas de que en diciembre no contarán con una mayoría automática en Diputados, quieren aprovechar los menos de tres meses que les quedan para crear un marco jurídico que en su opinión les permitiría conservar el poder suficiente como para continuar desempeñando el papel protagónico en la política nacional al que se han acostumbrado. Según parece, están convencidos de que si logran controlar la prensa, en especial la conformada por los medios audiovisuales, podrán manipular a su antojo la opinión pública y por lo tanto revertir el descenso estrepitoso de su popularidad. Se trata de una ilusión, claro está, ya que no es tan fácil engañar a la ciudadanía como les gusta creer, pero esto no quiere decir que será inocuo el impacto de su ofensiva contra los medios independientes. Las medidas implicadas por la ley que está tramitándose ya están provocando estragos económicos en algunos medios, sobre todo los relacionados con "Clarín", de este modo socavando su capacidad para cumplir con sus funciones básicas de informar y de servir de foro para el intercambio de opiniones. Huelga decir que al intensificarse la sensación de vulnerabilidad muchos optarán por autocensurarse,

La reacción de los medios más importantes y de la mayor parte del arco opositor frente al proyecto de ley de medios kirchnerista ha sido sumamente vigorosa no tanto por los pormenores del texto que se ha presentado -o porque podría ser incompatible con la Constitución nacional-, cuanto por el hecho de que el ex presidente Néstor Kirchner ni siquiera haya procurado ocultar su voluntad de destruir el Grupo Clarín y por ser evidente que no le importan un bledo los daños colaterales que podría provocar su guerra contra "el monopolio". Merced a la actitud vengativa asumida por el hombre que, por ser marido de la presidenta, se supone facultado para actuar como si fuera una especie de dictador electivo a pesar de que en junio lo que representa fue repudiado por la mayoría abrumadora de los habitantes del país, ha sido imposible debatir con un mínimo de objetividad el pro y el contra del proyecto de ley o modificarlo a fin de impedir que sirva para conculcar derechos fundamentales. Con escasas excepciones, los diputados no intentaron hacerlo, ya que pocos habrán tenido la oportunidad para estudiar con la atención debida los centenares de artículos de la ley y los muchos cambios que introdujo el gobierno para conseguir el apoyo de algunos izquierdistas. En cuanto a éstos, si bien habrán tenido motivos ideológicos para aprobar un proyecto que a su entender contribuirá a reducir el poder de medios "capitalistas" y "burgueses", acaso les hubiera sido más inteligente pensar en la conveniencia de cohonestar una ley que podría resultar ser muy útil a un eventual gobierno derechista.

Los alarmados por la embestida furiosa de los Kirchner contra el Grupo Clarín y otros multimedios temen que se hayan propuesto crear un imperio periodístico propio con la ayuda de empresarios amigos, testaferros y organizaciones "sociales" supuestamente ajenas al lucro. O sea, que esté resuelto a emular a su "amigo" venezolano Hugo Chávez que también está tratando de reemplazar a los grupos mediáticos privados de su país por otros consustanciados con su propio régimen. Es factible que sea así, pero sería poco probable que prosperaran los esfuerzos kirchneristas en tal sentido. Al subordinar virtualmente todo a su conflicto con "Clarín" y otros medios, el gobierno que sigue dominando Néstor Kirchner ha establecido un precedente que con toda seguridad tomará en cuenta su sucesor, el que no podrá sino poner en marcha una investigación exhaustiva de todos los negocios de la pareja santacruceña y de sus cómplices con el propósito de obligarlos a rendir cuentas ante la Justicia.