Argentina acusó ayer a Uruguay de causar "daños irreversibles" al medio ambiente con la instalación de la planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia, al iniciarse en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya las audiencias finales por el diferendo.
Argentina hizo su primera presentación en el marco de las audiencias orales -que comenzaron ayer y finalizan el 2 de octubre-, convocadas por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Allí, "amplió y ratificó -esta vez en forma oral-, toda la documentación que el país presentó desde el inicio de la controversia y que argumenta que Uruguay incumplió el Estatuto del Río, de 1975, al autorizar de forma unilateral el emplazamiento de la planta de Botnia", informó el Palacio San Martín.
El equipo argentino estuvo presidido por la Consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti; el Secretario de Ambiente nacional, Homero Bibiloni; el director del Instituto de Servicio Exterior de la Nación, Horacio Basabe; y el embajador argentino en Países Bajos -con sede en su capital, La Haya-, Santos Goñi Marenco.
La Argentina manifestó ante el Tribunal que Botnia "causará un daño irreparable al ecosistema del Río Uruguay, y que así lo demuestran los informes científicos y los numerosos y recurrentes episodios e incidentes de contaminación que se manifestaron".
En ese sentido, la delegación recordó, entre otros fenómenos, "la emanación de olores nauseabundos que afectaron a las poblaciones argentinas próximas a la planta; la aparición de manchas en el río; la reiteración de episodios de floraciones algales en una escala que no registra precedentes; y en explosiones derivadas de accidentes en la operación de la planta".
Ruiz Cerutti planteó que la fábrica supone "una violación flagrante por parte de Uruguay de las obligaciones del estatuto del río Uruguay" de 1975, establecido por ambos países para proteger el medio ambiente y los recursos fluviales.
Según consignó la agencia France Press (AFP), Cerutti cargó contra Uruguay por permitir la construcción de la papelera, en funcionamiento desde noviembre de 2007, sin previa consulta con su vecino país. "Cada día", la planta, cuya vida útil está estimada en 40 años, "desprende una enorme cantidad de contaminantes en el agua y en el aire", prosiguió la agente argentina, quien subrayó los "daños irreversibles para el ecosistema del río" que ha provocado su funcionamiento.
Consideró que la emanación de sulfuros de hidrógenos, que causan "olores insoportables", entraña además riesgos para la salud de los habitantes de Gualeguaychú y del balneario Ñandubaysal, al otro lado de la ribera. "Huele a huevo podrido", aseguró Ruiz Cerutti, para quien esta planta "nunca sería autorizada en Europa". Por su parte, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, dijo tener confianza "en los argumentos propios". (DyN)
