El 27 de agosto de 1920 Enrique Telémaco Susini y otros tres estudiantes: Miguel Mujica, César J. Guerrico y Luis Romero Carranza, denominados "Los locos de la azotea", con un público de apenas cincuenta radioaficionados, realizaron la primera transmisión en vivo, desde el Teatro Coliseo, de la ópera Parsifal de Richard Wagner. Ésta es considerada la primera transmisión radial del mundo. Nace allí el Día de la Radiodifusión, fecha que elige el gobierno para enviar su proyecto de ley de medios audiovisuales para su tratamiento al Congreso de la Nación. La radiodifusión nace y se desarrolla como una iniciativa privada. Mucho se ha hablado de la naturaleza jurídica de esta actividad, la cual a mi criterio dista de ser un servicio público. Algún sector de la doctrina, para distinguirla de los servicios esenciales que son potestad del Estado, como el gas, el transporte, electricidad, etcétera, la denomina servicio público impropio. Creo que los servicios de radiodifusión no son ni una cosa ni la otra, aunque sí podamos afirmar que poseen un "interés público" indubitable, tanto que se han granjeado el apodo de "cuarto poder". Sabemos que, en democracia, la independencia y libertad de poderes son la mejor garantía de su buen funcionamiento. Es por ello que, la función de "control" del Estado (en sentido amplio) es siempre discutible y debe ser de entendimiento restrictivo. El Estado debe ser un garante del libre ejercicio de esta actividad, como de cualquier actividad lícita, empero su función específica es de "contralor" y no de dominio.

La actual ley de Radiodifusión (22.285) fue sancionada en 1980 y denominada "ley de la Dictadura". No fue éste precisamente el marco legal que permitió en aquel entonces el control de los medios. Veamos, el gobierno de facto no recurrió precisamente a un marco legal para dar un golpe de Estado, mucho menos para intervenir los medios. Recordemos que en 1974 Perón había estatizado la totalidad de los canales de aire de aquel entonces (Canal 9, 11 y 13), los que pasaron a pertenecer a la Armada tras el golpe del 76. Seamos claros en entender que las leyes son sólo herramientas y que no son ellas sino los gobiernos, a través de sus actos y omisiones, los responsables de su aplicación. El texto original ha permanecido vigente a lo largo de todos los períodos democráticos que la sucedieron, sufriendo más reformas que han alterando su espíritu, tornando a la ley en un compendio obsoleto que, sin embargo, les permitió a los gobiernos de turno ejercer su función de control con un importante grado de discrecionalidad, herramientas que el Estado jamás utilizó para llamar a concursos públicos y normalizar el espectro radioeléctrico. Recordemos que el Plan Nacional de Radiodifusión había sido suspendido en 1984, mediante el dictado del decreto 1.151/84, y esta situación se prolongó ante la mirada esquiva del Estado hasta el 1 de diciembre de 1989, cuando se dictó el decreto 1.357 que aprobaba un régimen de regularización de los servicios de radiodifusión por modulación de frecuencia (FM), el que a su vez quedó inconcluso porque nunca se aprobó el plan técnico nacional previsto por la misma norma. Paradójicamente, la industria del cable, que no es un servicio de radiodifusión propiamente dicho sino un servicio "auxiliar", fue la que más creció. Claro que para la prestación de servicios por cable no se requiere un plan, ya que el vínculo es físico y por lo tanto ilimitado, lo que no ocurre con las frecuencias que deben otorgarse dentro de los límites del espectro radioeléctrico. Frente a la ausencia concreta y actual de un plan nacional de radiodifusión y la posibilidad de ingreso que brinda el actual proyecto a las empresas telefónicas, éstas serán sin dudas las primeras beneficiarias de los procesos licitatorios.

En 1989 la ley 23.696 de Reforma del Estado modificó la ley de Radiodifusión, limitando los sujetos de radiodifusión a personas físicas o jurídicas comerciales legalmente constituidas (artículo 45), eliminando de esta forma a las instituciones sin fines de lucro, que estaban contempladas en el texto original. Esta ley además le otorgó amplias facultades al Poder Ejecutivo para regular la materia e, incluso, para modificar ciertos aspectos que se exaltan en el proyecto de reforma actual. Dichas herramientas, como ya señalé, nunca terminaron de ser utilizadas ni por el gobierno que las produjo ni por los sucesivos gobiernos, pues ninguno logró desarrollar, llevar adelante y concluir un plan de radiodifusión para la asignación de frecuencias. Los pocos procesos licitatorios que se han dado fueron suspendidos por la falta de voluntad política y la propia ineficiencia del Estado, que diseñaba planes de radiodifusión que se tornaban obsoletos antes de su implementación. Resulta irónico que en el país en donde se realizó la primera transmisión radial del mundo la actividad aún no se encuentre debidamente regulada, si tenemos en cuenta que actualmente es mayor el número de prestadores irregulares. Justo resulta aclarar que esta circunstancia no puede ser atribuida a los radiodifusores clandestinos ni a la carencia de normas sino a una verdadera tradición de inactividad o ineficiencia del Estado. El gobierno no requiere de la sanción una nueva ley para ponerse a trabajar: nada le impide elaborar un plan nacional de radiodifusión, llamar a concursos de licencias, controlar las prácticas monopólicas e incluso considerar y resolver favorablemente las solicitudes de licencia ingresadas por algunas instituciones sin fines de lucro, ya que la Corte Suprema de Justicia hace tiempo ha declarado inconstitucional el artículo 45 de la ley de Radiodifusión, que veda la posibilidad de ser licenciatarias a este tipo de instituciones. Nada le impide actualmente al Estado tener su debida participación en los medios y de hecho la tiene a través del Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR).

La situación de los medios de comunicación en la Argentina no se ha modificado desde los 90, como muchas otras cuestiones que no son puntual objeto de desarrollo en esta nota, pero la inactividad del Estado en este punto no es precisamente la carencia de una ley sino la ausencia de voluntad política. Sin dudas necesitamos una nueva ley de radiodifusión, aunque una mirada crítica no debe ocuparse sólo de lo que un proyecto de ley nos muestra sino también de lo que nos oculta. Hay ciertos aspectos en este debate que no tienen que ver con el proyecto en sí sino con una forma de hacer política que la mayoría de la ciudadanía no comparte, y lo ha expresado en las urnas el 28 de junio pasado. Esto no es una circunstancia menor y ajena al propio proyecto. La situación de público y explícito conflicto entre el gobierno y los más importantes medios de comunicación del país vician de evidente parcialidad su actual tratamiento y por ello considero que debe ser tratada, debatida y aprobada por la nueva composición del Congreso, luego del 10 de diciembre, lo que abonaría de mayor legitimidad el proyecto y, a la vez, daría oportunidad al gobierno de redimirse de las suspicacias que inspira, en este contexto, su actitud de público enfrentamiento con el Grupo Clarín.

LUIS VIRGILIO SÁNCHEZ (*)
Especial para "Río Negro"

(*) Abogado, ex asesor del Comfer y la Comisión de Medios de Comunicaciones y Libertad de Expresión del Senado de la Nación