Seis jueces y cinco funcionarios -entre fiscales y defensores- tienen sumarios en trámite en el Consejo de la Magistratura por su actuación en distintas causas.
Además, 66 expedientes se acumulan con "investigaciones preliminares" por denuncias contra miembros del Poder Judicial. Algunas tramitaciones tienen más de cinco años.
El Consejo avanzó en agosto en el enjuiciamiento de la jueza María del Carmen García García y el fiscal Oscar Cid, ambos expedientes originados por denuncias en el accionar de ambos en el caso de Otoño Uriarte.
De nueve expedientes con sumarios, cuatro son de los magistrados de Cipolletti, tres de Roca y dos de Bariloche. Viedma no registra trámites en esta instancia.
En cambio, persisten 66 investigaciones preliminares en toda la provincia, con 21 expedientes en los tribunales roquenses, 18 en Cipolletti, 16 en Bariloche y 11 casos en la sede capitalina.
De los sumarios, los tres expedientes de Roca alcanzan a dos jueces penales y un ex fiscal. El primer sumario -que se originó en el 2006- es contra el juez Pablo Iribarren y el ex fiscal Álvaro Meynet, por la investigación del Triple Crimen de las jóvenes de Cipolletti en 1997. Cabe recordar que Iribarren fue suspendido 60 días el año pasado por su desempeño en el caso Paita.
El segundo cuestiona el accionar del juez penal Rubén Norry, por supuestas demoras y prescripciones en la tramitación de expedientes. Esta causa comenzó en el 2007, tras una presentación del ex fiscal Luis Galeano, seguida por una inspección del ex auditor, Gustavo Martínez.
El tercero analiza el proceder de la jueza de Paz de Belisle, Sandra Salamanca. Estas razones serían "por ausencia injustificadas", según explicaron fuentes judiciales.
En los tribunales de Bariloche hay dos expedientes en trámite. El primer sumario alcanza al juez Martín Lozada, la fiscal Mirta Siedlcky el defensor Gerardo Balog. El segundo involucra al secretario del Juzgado penal N° 6, Carlos María Rayces. Ambos se iniciaron por inspecciones.
La mayor cantidad se sumarios en trámite corresponde a Cipolletti. Comprenden a tres jueces y una fiscal. Dos expedientes tienen origen en la investigación del crimen de la joven Uriarte. Bajo la carátula de Asociación Civil "Otoño", el Consejo evalúa al accionar del fiscal Cid en el caso de Fernández Oro, y otro impulsado por la Procuradora General, Liliana Piccinini cuestiona el accionar de la jueza García García. En ambos casos, el Consejo remitió recientemente esos expedientes a la Procuración General para plantear las acusaciones para sus correspondientes juicios políticos. El año pasado, el fiscal Cid fue suspendido por 20 días por la detención de Ariel Balladini, hijo del juez del STJ, Alberto Balladini.
Otro expediente en Cipolletti, con origen en 2007, comprende al juez Guillermo Baquero Lazcano -hoy camarista- y a la fiscal Rita Lucía por sus desempeños en la causa conocida como "la banda del crudo" (robo de combustible con perforación de ductos), que no prosperó por distintas nulidades. El Consejo de la Magistratura, por mayoría, ya se acordó iniciar los sumarios al magistrado y la fiscal. El cuarto expediente en análisis se refiere al juez civil Alejando Cabral y Vedia, bajo denuncia de Andrea Fadelli.
Asimismo, las investigaciones preliminares -que constituyen un análisis inicial antes del sumario al Consejo- totalizan 66 expedientes. Algunas se remontan al 2004 (2) y al 2006 (4). La mayor cantidad pertenece al 2007 y 2008. Entre las pendientes, figuran los cuestionamientos al juez viedmense Pedro Funes por las causas de los PER y de Flavors, como también, la denuncia contra el juez Iribarren por su "presunto mal desempeño de funciones" en el expediente Aeronor. En la misma se había procesado al fallecido Roberto Aymale por administración fraudulenta del patrimonio de la empresa estatal pero, posteriormente, fue anulado el proceso por falencias detectadas en la instrucción, según consideró la Cámara Tercera del Crimen. (AV)
