La Casa Rosada nunca antes se había visto obligada a tener que decidir sobre la suerte de uno de sus principales socios dentro la CGT, el gremio de los bancarios que controla Zanola.

Desde que está en la presidencia Cristina Fernández encabezó varios actos junto a Zanola, quien le facilitó su estructura política para ayudarla en las elecciones.

Si se comprobaran todas las sospechas del juez Oyarbide, quedaría demostrado que distintas autoridades de la Administración de Programas Especiales (APE), el organismo encargado de repartir los millonarios subsidios a las obras sociales, estuvieron involucrados en las irregularidades cometidas por La Bancaria.

Durante la gestión de Néstor Kirchner, la APE giró millones a un fideicomiso de ese gremio creado con el objetivo de pagar los medicamentos de la Droguería de Néstor Lorenzo. Para la Justicia, esos medicamentos eran en su mayoría "truchos".

La ex ministra de Salud Graciela Ocaña descubrió esas operaciones financieras ilegales y frenó la actividad del fideicomiso, pero tras su salida del Gobierno éste fue reactivado.

El escenario se vuelve complejo también para el ministro de Salud Manzur, quien reemplazó a Ocaña y tiene ahora el manejo político de las "cajas" de Superintendencia de Salud y la APE. Aunque en un principio intentó imponer en esos organismos a personal propio, pronto entendió que no debía moverse en esos espacios sin antes consultar con el jefe de la CGT, Moyano.

(Fuente: "Crítica")