SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El juez Ricardo Calcagno remitió a fiscalía la causa penal iniciada contra los ocupantes de tierras del IPPV acompañando el pedido de sobreseimiento formulado por la defensa. A partir de esta medida el fiscal Eduardo Fernández comenzó a trabajar sobre un principio de oportunidad en la búsqueda de un entendimiento entre las partes que permita una salida consensuada al conflicto.
En esa línea la semana pasada realizó una audiencia con el asesor legal del IPPV, Juan Pablo Alvarez Guerrero, el representante del Fiscal de Estado y las abogadas del Ephades que defienden a los imputados, cuyos pormenores no trascendieron.
En los próximos días se llevará a cabo un nuevo encuentro entre las partes al que fueron convocados el Defensor del Pueblo local, Vicente Mazzaglia, y directivos del Instittuto Municipal de Tierras y Viviendas, para avanzar posibles alternativas.
A fin de agosto los 15 ocupantes acusados de usurpar el inmueble fiscal baldío se negaron a prestar declaración indagatoria como estrategia defensiva para "dejar en cabeza de la fiscalía la responsabilidad de probar el delito". La defensa sostuvo que no se configuró la ursurpación señalada por el fiscal porque no se dieron los elementos del tipo penal que son la violencia, la clandestinidad, el abuso de confianza, el despojo.
La ocupación comenzó en los últimos días de julio con la llegada de tres jefes de familias a la parcela fiscal y se consolidó el domingo 2 de agosto con el asentamiento de otras 20 personas. Antes de terminar la semana la lista abarcaba a 43 familias que se repartieron la tierra mediante una demarcación precaria de lotes de 300 m3.
En un relevamiento reciente el municipio identificó a 46 familias con distintas realidades entre los que hay empleados municipales, personas que participaron de la ocupación de las 120 Viviendas del IPPV y familias de la barda del Ñireco que están anotados como beneficiarios del plan de 270 Viviendas que se construirán para erradicar esa zona de riesgo.
