Nada bueno ocurre cuando la política hurga expedientes judiciales. El único legado cierto, cuando ocurre, es que la Justicia tiene una obligación pendiente.
Río Negro cae -permanentemente- en ese lodo. Ahí, las verdades son vagas y las calumnias son efectivas.
Un viejo expediente judicial -con cinco años de trámite- evocó la dificultad muscular que tiene la Justicia frente al poder político.
El expediente no era demasiado complejo. Faltaba la rendición de dos millones de pesos por planes laborales entre el 2001 y 2003, en plena crisis económico-social. Se pagaban en pesos o Lecop, y se detectaron firmas apócrifas. El fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz, formalizó esa denuncia penal en abril del 2004. Un año antes, la entonces titular de Trabajo, Ana Piccinini, se presentó en la Fiscalía por irregularidades en una cuenta bancaria por parte de un empleado.
Además de ese hecho, la Fiscalía detectó irregularidades en el manejo de los PER (Programa de Empleos Rionegrinos) cuando revisó los movimientos bancarios de Trabajo. Ahí, el inicio de la vieja historia, hoy actualizada.
El poder político diluyó cada paso en la marcha para clarificar ese hecho. La Justicia ayudó en esa misión.
Los dos años investigados alcanzan las gestiones de Alejandro Betelú (hoy preside Transcomahue) y de Piccinini (actual defensora del Pueblo), con meses de acefalía. Ninguno fue convocado por la Justicia o por la Fiscalía Administrativa.
Esa causa expresa hoy otro saldo negativo de la Justicia, siempre sensitiva al gesto de los poderosos. En ese pasado, Piccinini era un engranaje del oficialismo. Por temor o por sujeción, la Justicia pareció garantizarle -como a Betelú- el sosiego judicial. Posiblemente, nunca se delimiten sus reales responsabilidades.
El expediente recayó en el juez Pedro Funes -el mismo juez con sumario en la reciente causa Flavors- y poco le interesó su esclarecimiento. Su trámite tiene dos rarezas en la historia judicial: el inexplicable plazo para resolver las indagatorias que se extendió por seis meses (de setiembre del 2006 a abril del 2007) y un interminable debate con la Fiscalía Administrativa en relación con quién debía ampliar una auditoría contable. Era un juego para no investigar.
En diciembre del 2006, "Río Negro" advirtió esos vicios. Esa nota determinó una investigación preliminar por el accionar de Funes, impulsada por el presidente del STJ, Luis Lutz. Nada ni nadie evaluó esa conducta en el 2007 y 2008. Recién este año se volvió sobre ese olvidado tema y se designó para el análisis al camarista barilochense César Lanfranchi. Hay somnolencia en esas evaluaciones. El Consejo de la Magistratura acumula más de 60 investigaciones y casi una decena de sumarios de jueces y funcionarios.
Ya fuera del poder político, Piccinini desplegó un plan contra la corrupción desde la Defensoría. Su pasado oficialista y su perspectiva política no bastan, ni son razones suficientes, para descalificar su cruzada institucional. Se escarbó entonces en la Justicia. Gustavo Otero -ex director de Trabajo- amplió su declaración ante el juez Juan Bernardi (reemplaza a Funes, con licencia médica), entregando videos de cámaras ocultas y mediatizó su relato en el que involucra a Piccinini.
Fue un revisionismo del expediente.
"Creía que me salvarían", confesó Otero en la Justicia cuando Bernardi quiso saber por qué cinco años después. ¿De qué habla? Creía que los resguardos lograrían -como en tantos casos- liberarlo del aprieto.
Detectó sí el riesgo penal cuando percibió la inminente elevación a juicio, con otros dos funcionarios. Coincidieron la desesperación y la oportunidad. El oficialismo advirtió que existía la ocasión para vapulear a Piccinini. Ahí no ahorró esfuerzos. Los videos parecen confirmarlos cuando el legislador Daniel Sartor se escucha en uno de ellos. En lo formal, el gobierno de Saiz desempolvó su interés institucional y ahora, cinco años después, se presentó como querellante, parte interesada para accionar en el expediente.
Será difícil que semejante estropicio arroje claridad. Esta investigación se encamina a otro desatino judicial.
Más eficaz sería ahora que el STJ reaccionara en otros expedientes que involucran a más poderosos. El Poder Judicial en casi un año y medio -16 meses, exactamente- aún no conformó un tribunal para evaluar una demanda del Estado a un estudio jurídico. Este reclamo civil se origina por presuntos pagos indebidos por acuerdos extrajudiciales de juicios contra el Estado, cuya irregularidad originó los procesamientos penales de Francisco Niky Sánchez y Juan Zalesky. El expediente civil ya sumó una veintena de funcionarios judiciales y abogados privados que se excusaron. Masiva liberación de culpas. Una curiosidad: uno de los pocos que asumieron ese reto como conjuez fue Nelson Echarren, defensor penal de Sánchez de esta causa original, por lo cual, esa aceptación -lógicamente- derivó en recusaciones y denuncias todavía en análisis.
El gobernador reconoce que la ofensiva anticorrupción de Piccinini esmerila demasiado su gestión. "Pasó el límite", afirmó Saiz en la cena con referentes radicales al razonar por qué expulsó de Gobierno a José Luis Rodríguez.
El ex ministro evaluó mal cuando quiso diferenciarse y posicionarse políticamente, permaneciendo en el gabinete. Piccinini lo recibió en su departamento, hablaron de todo y el ex ministro le adelantó que haría público su pensamiento de un proyecto político conjunto. Creyó que Saiz avalaría sus gestos en favor de la Defensoría. Rodríguez se equivocó.
El gobernador no quiere lazos con la defensora. Hace meses ya se lo repitió a su mejor intérprete, Francisco González, cuando éste se reunió con Piccinini. Todos -salvo Rodríguez- sabían que ahí estaba el límite de la restrictiva agenda gubernamental. Ya no quedan dudas. Saiz lo refrendó en las recientes reacciones políticas e institucionales contra la defensora.
La política se crispa, se mueve con perceptibles trazas en todos los ámbitos y su ruido esconde otras cosas.
ADRIÁN PECOLLO
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