VILLA LA ANGOSTURA (AVLA)- La justicia suspendió "momentáneamente" la orden de desalojo de la ocupación que mantiene la comunidad Paichil Antriao en el cerro Belvedere, por considerar que no estaban garantizadas las condiciones de seguridad. La decisión se debe a la "falta de recursos" de la Policía local para cumplir con la disposición judicial.

El conflicto de las tierras en el Belvedere se ha convertido en un escenario político donde intervienen el Ejecutivo nacional y provincial, intentando presionar -directa o indirectamente- el accionar de la justicia, pese a que en el caso hay una sentencia firme que no fue apelada.

"No se pudo cumplir con la orden de desalojo porque en 48 horas no se podía disponer del personal necesario. En ese momento había cortes de ruta y otros conflictos, por eso se pidió sin fecha", dijo una alta fuente del gobierno provincial.

Por tercera vez desde que emitiera la sentencia a favor del propietario -en noviembre de 2007-, instando a la comunidad a restituir el lote, el juez Jorge Videla envió el 5 de agosto la orden de lanzamiento para hacer efectiva la sentencia.

Como en las dos oportunidades anteriores la medida fracasó por la falta de personal policial y la resistencia de los ocupantes. Durante varios meses se elaboró un minucioso plan de desalojo para garantizar que sea cumplida la medida y para procurar la mínima confrontación. Requería la asistencia de efectivos de Junín de los Andes y otras localidades. Pero la orden contemplaba un plazo de 48 horas y no se pudo reunir al personal necesario.

En un informe solicitado el año pasado por el entonces ministro de Gobierno, Jorge Tobares, a una funcionaria de su cartera, Susana March, licenciada en Servicio social, se recomienda tomar "el conflicto comunidad Paichil Antriao- Particulares como caso referente para analizar y discutir las políticas públicas de tierras en la provincia y en particular en Villa La Angostura".

En junio de ese año, el ministerio emitió una nota dando cuenta de la suspensión de la mesa de diálogo y una reunión entre los distintos actores. Allí se habría acordado un estudio técnico jurídico catastral en un plazo de 120 días, y entre otros puntos, la indagación acerca de quién es la comunidad Paichil Antriao y quiénes la integran.

En conocimiento de la nueva orden de desalojo, la comunidad advirtió sobre la situación al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El presidente del organismo, Horacio Pascual, envió una extensa nota al juez Videla informando que el caso puntual estaría amparado por la ley 26.160 sancionada en el 2006, que establece las suspensión de desalojos por cuatro años. También, solicita que "informe si se encuentra tramitando algún proceso que tenga como posible finalidad el desalojo de la comunidad, y en caso afirmativo informe el temperamento adoptado y o a adoptar, en especial si ha tenido en cuenta la aplicación de la legislación vigente".

Cabe recordar que en el fallo el juez argumentó que la ley no se aplicaba al caso porque no se había comprobado la ocupación "tradicional" del lugar, puesto que el asentamiento se produjo en el 2005. Por otro lado, desde la década del 40, en que se dividió el lote original, los descendientes de Antriao y Paichil realizaron sucesivas ventas de las parcelas. Algunos de los descendientes no vendieron y hasta el día de hoy tienen tierras en la zona.