NEUQUÉN (AN).- Sapag se distanció de la Confederación de Organizaciones Mapuches (COM), acusó a organismos del gobierno nacional de convalidar usurpaciones y respaldó el accionar de la policía provincial en el desalojo de un campo ocupado en Quillén, donde en contraste con las versiones que denuncian violencia y represión, el gobernador destacó "un procedimiento impecable, muy profesional y muy bien pensado".

Sapag conoce al detalle los hechos de Quillén. Afirmó que "hace dos o tres meses, un grupo de tres personas, con 110 vacas y dos vehículos, ingresó a un campo de privados, donde está perfectamente acreditada la titularidad de dominio". Sostuvo que fueron esos los hechos y que, al momento del desalojo, había "cinco personas, cuatro de ellas criollos", desmintiendo que se trate de "una ocupación ancestral". "Lo señalo porque no es que había toda una comunidad dentro del campo", aclaró. También dijo que "los únicos heridos en el procedimiento fueron policías" y que la ley 26160, que suspende los desalojos en ocupaciones hasta el 2006, "no habilita a usurpar a privados".

Agregó que, tras el desalojo, "un grupo mayor, de unas 70 personas intentó recuperar el predio y fue rechazado por unos 30 policías". "Nuestra preocupación es que había vehículos oficiales de organismos del Estado Nacional", denunció Sapag, que llevó las quejas al jefe de gabinete (Aníbal Fernández), con autoridades de Parques, con las autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). "Hay gente que trabaja para el INAI y estaba presentes allí. También había gente de Pulmarí, con vehículos de la corporación. Esto será motivo de conversaciones entre todos para ordenar la situación", señaló.