VIEDMA (AV).- Una denuncia presentada el año pasado por el ministro de Familia, Alfredo Pega, por la presunta distribución irregular de subsidios llegó ahora la Justicia.

En el marco de la causa, que estuvo inicialmente en manos de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, se habría detectado que algunos beneficiarios cobraron sólo una parte y otros que percibieron la totalidad. De todas maneras, la situación más grave es que un porcentaje no sólo no cobró sino que sus firmas habrían sido falsificadas en la documentación de trámite y en los cheques que fueron emitidos a su nombre pero que nunca se enteraron que existieron, hasta que fueron a declarar.

Esta semana -y luego de investigar el tema- el fiscal de Investigaciones, Pablo Berraz, formuló la denuncia penal ante el fiscal Marcelo Alvarez.

La denuncia incluiría también otra irregularidad vinculada a los informes sociales que fundamentan el otorgamiento de los subsidios. En este caso se supo que la asistente social no habría reconocido como propias las firmas y la autoría de esos informes sociales incluidos en los respectivos expedientes.

Según se supo en algunos casos las personas se habrían contactado con quien en ese momento estaba a cargo del área, que sería Lucas Canciani.

Ante él habrían manifestado la necesidad de acceder a un subsidio pero recién se habrían informado que se les había adjudicado y hasta que lo habrían cobrado cuando fueron convocados en el marco de la investigación. En esos casos las firmas de estas personas habrían sido falsificadas en la documentación del trámite y también en los cheques que se cobraron.

Una de las personas damnificadas detalló ante este diario que la firma que figuraba como propia en la documentación del expediente era totalmente distinta a la que aparecía en los cheques que habían sido cobrados a su nombre.

Si bien la denuncia fue presentada por el ministro Pega incluiría no sumarían 40 expedientes de 2008, un porcentaje ínfimo de la cantidad de subsidios que se entregan desde esa cartera con destino a personas que supuestamente atraviesan serios problemas sociales.

En esta escasa cantidad de expedientes analizados habrían sido varias las irregularidades detectadas. Ahora será la Justicia la que debe investigar el tema.