JUNÍN DE LOS ANDES (ASM).- El intendente Rubén Campos ratificó la política asumida por su gobierno frente a la seguidilla de usurpaciones de tierras ocurridas en febrero pasado; detalló las múltiples gestiones realizadas para enfrentar la emergencia habitacional y lamentó los cambios en la ADUS, que "nos llenan de incertidumbre" sobre trámites ya iniciados por nuevos planes de viviendas, al enfrentar el primer tramo del juicio político que se le sigue por presunto mal desempeño de sus funciones.

Al cierre de este despacho continuaba la sesión especial, ya con el viceintendente Diego Marcovesky en el banquillo y por similares cargos. En los próximos días, los ediles decidirán si hay mérito para suspender o destituir a los funcionarios, previa intervención de la sala juzgadora.

Ante una colmada sala de sesiones del Deliberante, Campos detalló las acciones que asumió para enfrentar el fenómeno de las tomas, las gestiones que encaró por meses y los escollos administrativos y legales que debió sortear su gobierno para procurar tierras destinadas a loteos sociales.

Por caso, recordó que asumió pensando que estaban disponibles los 101 lotes para igual cantidad de nuevas viviendas, pero se encontró con que faltaban unos 30 para completar el llamado a licitación de las obras.

Justificó las cuestionadas demoras en dar respuestas a la emergencia habitacional, precisamente en las engorrosas gestiones que debió realizar. Empero, condenó las tomas de tierras y ratificó su decisión de dar intervención a a la Justicia en la presunción de la comisión de delitos. Recordó además que, por primera vez en la provincia, un intendente se constituyó en querellante con ese fin.

Campos también puso en duda la capacidad de gestión de algunos pliegues del gobierno provincial y, confrontando con "los momentos difíciles que nos tocan vivir a todos", abogó por que "aquellos a los que nos toca gobernar estemos a la altura, en una provincia que tiene recursos superlativos pero vive del día a día".

La sala acusadora del Concejo se constituyó por primera vez en la historia institucional local, para someter a juicio político Campos y Marcovesky.

Acusan a ambos de mal desempeño de sus funciones por la supuesta inacción oficial, en el marco de la ley de emergencia habitacional sancionada por el Deliberante. El juicio político fue votado de forma unánime el 22 de mayo.

El desempeño de ambos tenía por contexto la declaración de Emergencia Habitacional, que impulsaba una preinscripción de las personas y grupos convivientes con domicilio en la ciudad y que no poseyeran vivienda. Ese procedimiento debía completarse en 60 días corridos, pero no se cumplió. La Subsecretaría de Planeamiento Urbano tenía 30 días para hacer un censo de terrenos ociosos, que se giró al Concejo 10 meses después del plazo estipulado.

Campos y Marcovesky también abandonaron sus cargos en varias ocasiones. De hecho, el disparador de la acusación fue la ausencia injustificada a dos sesiones en las que se habían planteados sendas interpelaciones.

Pero en su respuestas, Campos dijo que obedecieron al cúmulo de gestiones que debió realizar personalmente ante los gobiernos provincial y nacional.