BUENOS AIRES (DyN) - En consonancia con un proyecto opositor presentado ayer, el Gobierno anunció ayer que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para "suprimir el delito de calumnias e injurias en materia de libertad de expresión".

Así señaló la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien añadió que, en la actualidad, la Argentina es un país donde "la libertad de expresión y de prensa es tal vez más absoluta que nunca"."Aún a costa, muchas veces, de soportar cuestiones que tienen que ver con mentiras o cuestiones que no son ciertas. Yo prefiero mil millones de mentiras antes que ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien", subrayó la Presidenta.

El anuncio se produce luego de la fuerte repercusión negativa que tuvo a nivel nacional e internacional el megaoperativo realizado ayer por la AFIP contra el grupo Clarín, que fue desautorizado por el propio gobierno, pero sobre cuyos fines siguen existiendo fuertes sospechas de "apriete" a la prensa. (ver aparte)

Fernández de Kirchner hizo el anuncio sobre la despenalización de este delito para la prensa por una cadena nacional de radio y televisión, durante un acto en homenaje de la visita histórica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Argentina durante la última dictadura militar, que se realizó en el predio de la ex Escuela Mecánica d ela Armada (ESMA).

En cuanto a la supresión del delito de calumnias e injurias en este momento hay en el Congreso 7 proyectos de ley al respecto, tres de ellos presentados por legisladores oficialistas y cuatro por la oposición. En simultáneo, el jefe del bloque la UCR, Oscar Aguad, ratificó ayer a la mañana en el Congreso el compromiso opositor para, después del 10 de diciembre, no sólo para revisar la ley de medios que intenta sancionar el Gobierno y promover, además, el tratamiento de la ley de Acceso a la Información para regular la publicidad oficial, sino también para modificar la penalización por calumnias e injurias.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló en mayo de 2008 a favor del periodista argentino, Eduardo Kimel en la apelación que presentó contra el Estado a raíz de que en 1995 fue condenado por la Justicia a un año de prisión en suspenso y al pago de 20 mil pesos, porque se lo encontró culpable de los cargos de "calumnias e injurias" contra un juez, al que mencionó en su libro "La masacre de San Patricio".

Ayer, Fernández de Kirchner remarcó que con este proyecto de ley que propicia el Ejecutivo se pretende garantizar aún más "la libertad de expresión" y enfatizó: "Dudo que haya habido otra etapa en la vida institucional del país, donde se haya podido hablar con la mayor libertad que en la etapa que me ha tocado gobernar a mí".

"Desafío a cualquier archivo, a cualquier memoria, a cualquier prueba, que no ha habido mayor libertad para hablar de las autoridades del país que en el gobierno de la primera presidenta mujer", agregó.Prometió defender "la libertad para poder decir lo que uno quiera y piensa, aun cuando sea mentira, pero tener el derecho a decirlo y que nadie pueda ser cercenado no sólo en la libertad de palabra sino en la personal".