SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Considerando que la organización no gubernamental no cuenta con el poder brindado por las víctimas o afectados por los hechos que se investigan en el resonado caso Runge, el juez Miguel Ángel Gaimaro Pozzi acogió el planteo que presentaron por la APDH los dirigentes Mara Bou y Francisco De Haro contra su decisión de excluirlos del papel de querellantes en la causa por pornografía infantil.
La decisión de declarar admisible la apelación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos no significa un cambio de postura por parte del magistrado, sino que ahora su determinación original se elevará a la Cámara del Crimen que corresponda, para que un tribunal colegiado se expida sobre el fondo de la cuestión y decida finalmente si la APDH debe considerarse o no una parte del proceso.
Al mismo tiempo, Gaimaro Pozzi rechazó la objeción presentada por el abogado Omar Costa en defensa de los imputados, Nilda Domínguez y Ricardo Runge, al entender que sus argumentos contra la apelación no podía tener acogida favorable.
La causa en que la APDH pretende participar como querellante es una derivación de la investigación que iniciaron las autoridades policiales de Australia y Gran Bretaña sobre la presunta existencia en Bariloche de la base de una red internacional de pornografía infantil. La pesquisa en que en principio intervino un juzgado Federal apuntó a un domicilio del centro de la ciudad, y el 1 de julio pasado Gaimaro Pozzi allanó la casa de los sospechosos. Ahí halló elementos que los comprometerían.
El pasado martes el juez indagó a los Runge y les informó sobre los elementos en que se apoya la sospecha, y mientras la mujer negó toda vinculación con el hecho, su esposo se limitó a reconocer una actividad que a juicio de su abogado no constituiría delito.
