El gobernador Jorge Sapag, sus ministros, secretarios y subsecretarios, el jefe del bloque legislativo del MPN José Russo, el titular del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep), Claudio Gibezzi y, en fin, todos quienes integran la cúpula de la pirámide emepenista que gobierna la provincia del Neuquén desde el año 1963 no lo ignoran.
Muy por el contrario, saben, son conscientes de que la cerril negativa a dar información relativa a los préstamos del Iadep, o a los contratos del Plan Integral de Seguridad o a los del banco oficial o, en general, al gasto originado en contratos directos, es causa de comprensibles sospechas. No obstante, la negativa se mantiene, lo que fuerza a suponer que es tan denso lo que se esconde que el gobierno prefiere cargar con el deterioro de su imagen. Y así, la sospecha se fortalece.
En estos días, empleados del Iadep con contratos precarios (una generalizada práctica abusiva del Estado) hicieron una "denuncia pública" de los créditos otorgados por el Iadep en el año 2008 y lo que va del 2009. El texto entregado a la prensa contiene información que, no obstante la norma del artículo 25 constitucional que asegura el derecho a la información, el Estado niega. ¿Por qué el Estado? Porque, por una u otra razón, los tres poderes están comprometidos en el ocultamiento. El Poder Ejecutivo porque rechaza los pedidos de información con pretextos fútiles y obliga a sus empleados al silencio, la Legislatura porque la mayoría oficialista bloquea los pedidos de informes que solicitan los legisladores de la oposición y el Poder Judicial porque se abstiene de investigar la presunta y reiterada comisión del delito de abuso de autoridad, previsto y penado por el artículo 248 del Código Penal.
En innumerables notas nos hemos referido a ese delito con motivo de las contrataciones directas del Poder Ejecutivo y organismos descentralizados, que eluden groseramente las normas de la ley 2.141, de Administración Financiera y Control. Algunas, como las del plan de seguridad, por montos de hasta 50 millones de dólares.
Un buen punto de partida para la investigación del abuso de autoridad es la tantas veces recordada declaración del ex gobernador Jorge Sobisch, relativa a los créditos del Iadep. Durante su último mandato (2003-2007) respondió a las críticas de la oposición diciendo que "el gobernador da los créditos y, si son para los amigos, mejor". No importa tanto que fuera "mejor" si los créditos iban a manos de sus amigos. Es más importante el reconocimiento de que "el gobernador da los créditos", cuando en realidad el organismo que los debe otorgar, en un ente "autárquico", es el directorio.
En el lenguaje oficial el Estado no oculta la información ni la encubre ni la mantiene en secreto. La "protege". En el Iadep los empleados deben firmar un "convenio de protección de la información", que en una cláusula, la primera, dice que "el Instituto debe asegurar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de estos recursos (de información) de manera consistente, siendo los trabajadores y contratistas del Instituto responsables de proteger adecuadamente estos recursos".
La cláusula segunda establece que los trabajadores "son responsables por tomar las medidas adecuadas para garantizar que los activos de información del Instituto sean protegidos en relación con el riesgo que involucre su manejo irresponsable".
Y más. La cláusula cuarta dispone que "la información del Instituto debe ser utilizada para perseguir los fines propios del Instituto y no debe usarse de ninguna otra forma ni hacerse pública por parte del trabajador, sea durante o después de su horario o jornada de trabajo y aun luego de extinguida la relación laboral, cualquiera fuere su causa". La décima prohíbe "revelar o usar información confidencial propiedad del Instituto" y la decimoprimera advierte que la inobservancia del convenio "es una conducta grave que dará lugar a las sanciones de ley".
La adicción al secreto tiene su más notoria expresión en el impuesto a las actuaciones del plan de seguridad, vigente desde que el plan nació, en el 2004, hasta hoy. En ése, como en algunos otros asuntos, el gobernador Jorge Sapag ha tenido una conducta de "protección" al secreto coherente con la de su antecesor Jorge Sobisch. Es, dicho sea de paso, una coherencia que no puede sorprender si se tiene en cuenta que ambos fueron, por años, protagonistas de la alianza que desplazó del poder a Felipe Sapag.
El ministro de Seguridad hasta hace poco, César Pérez, contestó a una solicitud de información manifestando que "toda la información sobre contrataciones críticas relacionadas con aspectos de comunicaciones, armamentos y elementos para investigaciones e inteligencia para uso exclusivo de las fuerzas policiales provinciales o aplicado a fines de seguridad pública reviste el carácter de confidencial". Alguna vez el antecesor de Pérez en la cartera de Seguridad y ferviente promotor del plan, Luis Manganaro, justificó el secreto, como si se estuviera dirigiendo a los párvulos de un jardín de infantes, diciendo que publicar el plan significaría alertar a los delincuentes sobre lo que se proponía hacer el Estado para perseguirlos.
En apoyo al secreto Pérez invoca un decreto 007/05, "dictado dentro del marco jurídico de la ley nacional 24.059". Del "marco jurídico" estamos en condiciones de decir que no hay en él una sola palabra relativa a secreto, confidencialidad, reserva, protección o algún otro eufemismo que designe el propósito de ocultar información. Del decreto 007, en cambio, no podemos decir nada, porque como lo evidencia la página del Boletín Oficial que ilustra esta nota, no figura entre los publicados. Y en la oficina de Leyes y Decretos no lo encuentran. O sea que el decreto que, presuntamente, ordena el secreto también es secreto.
JORGE GADANO
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