El litigio estratégico es una de las herramientas más utilizadas por las organizaciones de derechos para avanzar en la protección y efectiva vigencia de los derechos humanos.

El litigio estratégico o de impacto, como también suele llamárselo, intenta, mediante la presentación de casos paradigmáticos en los tribunales de Justicia, incidir en las políticas públicas promoviendo cambios de gran relevancia social.

El litigio estratégico constituye asimismo una herramienta de gran valor, ya que permite traducir reclamos sociales de grupos vulnerables en casos concretos, habilitando el acceso a la Justicia de grupos tradicionalmente excluidos.

Muchas veces las estrategias legales sirven para complementar o fortalecer otras formas de reclamo, sobre todo de los grupos más organizados y articulados.

Particularmente lo que se busca es generar, a través de la presentación de casos individuales o colectivos, un cambio en una política pública determinada, intentando que la solución del caso, además de beneficiar al/los afectado/s concretos, impulse una reforma política o institucional de relevancia.

Este tipo de estrategias pone especial énfasis en la reforma política o social que se intenta alcanzar, otorgando a la Justicia un rol de gran relevancia con relación al diseño e implementación de la reforma.

El juez tiene un papel central en la organización y la orientación del caso, así como en la búsqueda de remedios y, fundamentalmente, en la supervisión de la implementación de las medidas ordenadas.

En estos últimos años se ha podido apreciar una creciente utilización del litigio en el sentido que aquí estamos planteando por parte de organizaciones de la sociedad civil, defensores públicos, instituciones académicas e individuos.

Particularmente se puede percibir un mayor activismo de parte de algunos jueces, que han intervenido resolviendo problemas públicos que otras instituciones del Estado han omitido atender o lo han hecho de modo deficiente y que, con su intervención, han contribuido a poner en la agenda pública asuntos que las autoridades políticas no han impulsado o han promovido un debate sobre determinados problemas sociales que de otra forma no hubiera ocurrido.

Sin embargo, en materia educativa, la utilización del litigio para reclamar problemas educativos ha sido muy limitada. Las razones pueden ser varias.

En primer lugar, probablemente sea complejo visualizar cómo una demanda educativa puede traducirse en un lenguaje de derechos.

En segundo lugar, se percibe un nivel de participación social de los padres de la comunidad educativa muy limitado.

Finalmente, las dificultades a las que deben enfrentarse quienes reclaman para acceder a la Justicia, no sólo en términos de costos sino de especificidad, de información y de esfuerzo, limitan no sólo las potencialidades que este tipo de estrategias puede presentar sino la utilización de esta herramienta para exigir y reclamar el cumplimiento de este derecho.

MARIELA BELSKI (*)
Especial para "Río Negro"

(*) Abogada, directora Área Educación de la Asociación por los Derechos Civiles