La decisión de decirle al mundo que desean intimidar al Grupo Clarín -lanzando sobre sus empresas un batallón de casi 200 inspectores de la AFIP- es una de las mayores torpezas que ha cometido la gestión del matrimonio Kirchner.

En medio del debate del proyecto de ley de Radiodifusión, genera la demostración más clara de que las intenciones del kirchnerismo no difieren de las del venezolano Hugo Chávez en cuanto a domesticar a los medios. Pone en evidencia una política de Estado de hostigamiento y restricción a la libertad de expresión, que sin duda asustará a los sectores moderados que hasta ahora confiaban en que, si bien perfectible, la ley propuesta por el gobierno tenía una base democrática.

Numerosas entidades ciudadanas han objetado, con argumentos atendibles, la necesidad de evitar una concentración de medios similar a la del grupo que los Kirchner tienen en la cúspide del "eje del mal".

Pero ocurre que la presidenta y su esposo han sido tan burdos en expresar su resentimiento -con palabras hostiles, pancartas, panfletos difamantes y manifestaciones de patotas disciplinadas-, que han generado la repulsa aun de quienes pueden no simpatizar con las empresas del multimedios. Ahora fueron más lejos.

Lo peor, es que el desembarco cinematográfico de funcionarios y empleados del organismo recaudador fuera decidido en represalia inmediata al título de tapa de ayer de Clarín, referido a una sospechosa operación en la cual la ONCCA pagó 10 millones de pesos en subsidios a una empresa no habilitada. La ONCCA está bajo el control del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, un funcionario ultra K que, cínicamente, asegura no saber del operativo.

Dar publicidad a los medios es una facultad del gobierno; privarlos de ella en función de una línea editorial crítica o de determinados contenidos, no es lícito y viola la libertad de prensa. Así lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo que sentó doctrina, al hacer lugar al recurso de amparo de "Río Negro" por la quita de la publicidad oficial por parte del gobierno neuquino. Análogamente, vigilar el pago de impuestos y fiscalizar las cuentas de cualquier empresa -incluida los medios- es facultad de la AFIP, pero ordenar inspecciones en forma espectacular, con ánimo de amedrentar y como represalia a las notas publicadas, es tan ilegal como la quita de la publicidad oficial.

Esta ligazón entre la presión indirecta y los contenidos del medio le da al suceso de ayer una gravedad inusitada y contribuirá, con seguridad, a que el hecho entre en la historia nefasta de los atropellos a las libertades públicas.