BUENOS AIRES .- En medio de la áspera discusión sobre la nueva ley de Radiodifusión, el gobierno siguió ayer con su particular acoso al Grupo Clarín. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó ayer masivos operativos contra empresas y directivos del grupo editorial, el más importante de ellos en el diario, que levantaron una fuerte polémica, rechazo de diversas entidades periodísticas y de partidos políticos, con denuncias sobre el uso "intimidatorio" de los instrumentos del Estado.

La polémica surgió por la dimensión del procedimiento -sólo en el edificio en el que funcionan las redacciones de Clarín, Olé y La Razón hubo cerca de 200 inspectores- por el tono intimidatorio usado por los funcionarios y porque el propio titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, reveló luego que no había autorizado el operativo y que había desplazo a los funcionarios implicados.

Además del diario, la AFIP envió unos cincuenta inspectores a otras dependencias del Grupo y a domicilios particulares de sus directivos. Todos ellos bajaron de camionetas de color negro y luego los funcionarios rodearon toda la manzana donde funciona Clarín, antes de iniciar su accionar. Los inspectores, desafiantes, adujeron "órdenes superiores" para realizar las tareas que se centraron en cuestiones previsionales y fiscales.

Los sucesos de ayer se producen en el marco del debate de la nueva ley de medios que el gobierno impulsa y de medidas oficiales como la denegación de la fusión entre Cablevisión y Multicanal, la ruptura del acuerdo de la AFA con Televisión Satelital Codificada y la aparición de afiches y publicaciones con agresiones contra directivos del Grupo Clarín. Directivos del mismo vincularon el accionar de la AFIP con la publicación, en la edición de ayer de una denuncia sobre la presunta existencia de un subsidio irregular de más de 10 millones de pesos de la ONCCA, que depende de la entidad que dirige Echegaray .

El Gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín, Martín Etchevers remarcó "la desmesura del procedimiento, porque 200 inspectores para un procedimiento es claramente una señal de intimidación". El directivo aclaró también que "Clarín es una empresa pública que cotiza en la Bolsa, que además de cumplir con sus obligaciones, publica su balance".

"Esto es un proceso que estaba integralmente diseñado" y que "llama la atención que se dé en un contexto en el que el clima de hostilidad y agresiones hacia la prensa y hacia Clarín en particular", explicó el directivo.

"Pregúntenle a Kirchner"

Desde el diario se denunció que durante el procedimiento, que se extendió por tres horas y finalizó a las 18.30, se produjeron hechos "insólitos". Según reveló Clarín.com, algunos inspectores formularon elogios al proyecto oficial de ley de medios con "tono de arenga". Otro amenazó a una periodista con sacarle una cámara. Un tercero exhibió "un envase de gas pimienta de manera amenazante" y cuando se "le consultó sobre lo que estaba ocurriendo, respondió: Preguntenle a Kirchner".

El hecho provocó numerosas reacciones contrarias por parte de políticos, dirigentes del campo, entidades empresarias y periodísticas.

Por ejemplo, Adepa lamentó "el inusitado procedimiento" y señaló que le quedó "el sabor amargo que deja la sospecha de la persecución". Adepa enmarcó la situación "en momentos de extrema tensión entre el oficialismo y dicho medio y el mismo día en que trece entidades nacionales e internacionales suscribieron una declaración previniendo contra los avances del poder sobre la prensa libre". La Asociación Empresaria Argentina (AEA) expresó su "más firme condena" a la "serie de graves ataques" contra el Grupo Clarín "cuya escala no tiene precedentes".