NEUQUÉN (AN)- El director de Seguridad Neuquén, comisario mayor Daniel Rojas, defendió ayer su actuación durante la toma de terrenos frente a la laguna del barrio San Lorenzo, y ratificó que "no estaban dadas las condiciones" para producir el desalojo ordenado por la justicia.
Rojas declaró ayer como imputado en una causa que se inició por desobediencia a la orden judicial de desalojar el asentamiento.
Los hechos ocurrieron a mediados de julio de este año y abrieron una brecha entre la fuerza policial, que depende orgánicamente del Poder Ejecutivo, y algunos funcionarios del Poder Judicial.
Al respecto el abogado de la Jefatura de Policía, Gustavo Lucero, dijo que hay "un vergonzoso divorcio institucional" porque frente al conflicto social "deben estar involucradas diferentes instituciones y para nada se aprecia un trabajo coordinado".
Rojas también aludió a "desavenencias" entre "los encargados de solucionar los problemas" derivados de la toma.
La primera orden de intervenir fue del fiscal de Cámara Rómulo Patti a la fiscal de primera instancia Sandra Ruixo.
El desalojo fue dispuesto por el juez Marcelo Muñoz, pero la Policía no intervino alegando que entre los ocupantes había mujeres embarazadas y niños.
"En la causa hay informes contradictorios. Algunos dicen que sí había chicos, otros no", dijo ayer Lucero, quien patrocina a los policías imputados. "La que no estuvo fue la defensoría de los derechos del Niño", agregó.
