VIEDMA (AV).- Un puntilloso análisis destinado a conseguir fondos ociosos que permitan financiar la compra de tierras tomó estado parlamentario en Río Negro. Esta solución de emergencia busca resolver la crisis habitacional en que está inmersa la provincia.
Un proyecto de ley fue presentado en la Legislatura rionegrina, que crea una cuenta para adquirir tierras de "carácter social" y así atender las necesidades de pobladores incluidos en la franja con ingresos por debajo de la línea de pobreza, en condiciones de vulnerabilidad social.
El Fondo tendrá por objeto asistir y suministrar a los municipios de recursos específicos para la compra de parcelas, lotes o terrenos de propiedad de personas físicas o jurídicas con futuro uso habitacional. Se podrá emplear también en obras de infraestructura o servicios.
Cada Municipio deberá contar con un padrón o banco de tierras y un padrón único de ciudadanos beneficiarios, actualizado automáticamente y priorizados de acuerdo a un puntaje establecido por el área que establezca el Poder Ejecutivo Municipal.
El Fondo estará integrado por partidas presupuestarias especificas como los montos determinados por la Renta Urbana Diferencial.
El adicional surge del valor posterior que se le da a un lugar beneficiado con una obra pública y que sirve para mejorar su situación así sea un inmueble, comercio o terreno baldío. Este dinero es considerado genuino ya que el Estado no percibe algún plus cuando financia, por caso, la construcción de un puente.
Otro de los orígenes será la aplicación de un Impuesto Inmobiliario adicional al suelo urbano ocioso.
La intención es aumentar los actuales montos que percibe Rentas de la provincia por el cobro de terrenos baldíos y en los que se verificó que sirven sólo para especulaciones inmobiliarias. Esta iniciativa prevé fijar en el cinco por mil la alícuota adicional.
Lo recaudado será coparticipado por la provincia con los municipios en forma trimestral. Un 70 por ciento irá directamente, mientras que el resto tendrá una distribución por pedido urgente de cada jurisdicción comunal
La presentación estuvo a cargo de los legisladores Beatriz Contreras, María Inés Maza y Facundo López del bloque Encuentro-Frente Grande.
Los fundamentos indican que "uno de los problemas para la construcción de ´planes´ del IPPV, en las ciudades de la provincia con gran población, es la falta de tierra fiscal o estatal para su localización".
Agrega que "el crecimiento de la población de menos recursos de esas ciudades ponen en jaque a las gestiones locales, solicitándoles tierras que no pueden ofrecer salvo que expropien o compren", por lo tanto "la provincia debe ofrecer una herramienta que permita dar inicio a una planificación en ese sentido".
