SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB)- Pocos días después de que el Superior Tribunal de Justicia manifestara su rechazo a la solicitud de prescripción presentada por el abogado de Raúl Echevarría, el juez Héctor Leguizamón Pondal y el secretario Bernardo Campana viajaron a España para pedir que vuelvan a detener al escribano, prófugo de la justicia rionegrina, y concedan su extradición.

A Echevarría lo condenaron el 20 de mayo de 1999 a tres años de prisión en suspenso y 10 años de inhabilitación especial por 32 hechos de defraudación en perjuicio de la administración pública provincial, y casi inmediatamente lo detuvieron para juzgarlo por otros 64 hechos del mismo tenor. Sin embargo, la Cámara Primera del Crimen le concedió el beneficio de aguardar el juicio en libertad, y poco después se fugó, como lo había anticipado el juez Marcelo Barrutia al justificar su voto en disidencia.

A comienzos de marzo de este año detuvieron a Echevarría mientras manejaba por las calles de Marbella, porque luego de que lo identificaran para labrarle un acta por una presunta infracción de tránsito surgió el pedido de captura librado por Interpol, y quedó detenido cuando sólo faltaban ocho meses para que prescribieran las acciones penales en su contra, el próximo 7 de noviembre, y dos meses para que se cumpliera el plazo que lo inhabilitaba para desempeñarse como escribano.

La Cámara Segunda redactó el exhorto diplomático para reclamar la extradición de Echeverría, pero defectos formales atribuidos por la justicia española a esa Cámara, y por ésta a la cancillería Argentina, determinaron la liberación del prófugo.

Mientras tanto, los abogados del escribano realizaron planteos y consideraciones respecto del "plazo razonable para el juicio" y la prescripción de los hechos reprochados, circunstancia que fue resuelta por el STJ, y en la que eventualmente luego deberá expedirse la Corte Suprema.

Al pronunciarse sobre la prescripción, el STJ sentenció que "nadie puede ponerse en mejor situación procesal incumpliendo sus deberes procesales, no purgando la rebeldía y manteniéndose prófugo durante más de cinco años. En otras palabras, las inconductas procesales del encartado y su defensa no podrían operar en su beneficio a la hora de hacer valer el derecho de la prescripción de la acción penal", argumentaron en el fallo.

En ámbitos tribunalicios sorprendió el viaje a España de un camarista y un secretario, casi seis meses después de la detención de Echevarría, para realizar trámites para los que el país dispone de un ministerio de Relaciones Exteriores, embajada y consulados, y protocolos recíprocos de extradición.