CHOELE CHOEL (AVM).- Un suboficial de la policía de Río Negro fue procesado por el delito de "fraude a la administración pública" por una presunta estafa en la que se vieron perjudicados miles de vecinos de la comarca del Valle Medio.

La maniobra al parecer se realizaba con la verificación de automotores y el grabado de cristales en una oficina que tenía el organismo encargado de realizar esos trámites en la Unidad Regional IV de Policía. Y si bien serían dos suboficiales los supuestos responsables, uno de ellos no pudo ser procesado dado que tras descubrirse el hecho abandonó la fuerza y se desconoce su paradero. Ahora la jueza Marisa Bosco, a cargo de la causa, podría girar el proceso nuevamente a la fiscalía para que se investigue si hubo responsabilidades de los mandos superiores de la institución en la comarca.

El procesamiento fue contra el suboficial Nelson Méndez y la causa transita sus últimos pasos antes de elevarse a juicio. La propia magistrada admitió ayer a este medio que "existen miles de personas perjudicadas. Medio Valle Medio pasó por esa oficina a hacer este tipo de trámites, por eso contamos con miles de testimonios".

La supuesta estafa se descubrió en el 2003, cuando un oficial de la Dirección de Toxicomanía y Delitos Especiales llegó a la oficina a realizar una inspección sorpresa. Allí se encontró con que se estaba desarrollando la maniobra.

Según explicaron, Méndez y otro suboficial de apellido Bustos realizaban los trámites de verificación del automotor y el grabado de cristales. Méndez era sargento y había sido nombrado en ese cargo por un resolución de la Jefatura de la Policía de la provincia.

"Allí acudían los propietarios de vehículos, tras pasar por el registro del automotor y llevaban el formulario Nº 12. En la oficina se hacían tres copias autentificadas; una se llevaba el dueño del rodado, otra quedaba en la oficina y la tercera iba al registro de la propiedad. Pero en ese momento se le solicitaba el pago del trámite, a veces eran 20 pesos, otras un poco más. Era allí donde se cometía el ilícito, porque no se le debía cobrar sino dar una boleta de depósito y el vecino tenía que ir al banco a pagar", indicaron. En definitiva, "ellos se quedaban con el dinero dado que nunca hicieron los depósitos. Cuando a fin de mes desde tenían que hacer un informe con todas las tramitaciones hechas, depositaban algo de dinero y mandaban algunas verificaciones", se agregó.

La justicia investigó el período 2002 - 2003, pero la estafa puede haber sido mayor si se tiene en cuenta que los imputados trabajaban en el lugar desde 1999.